Asociaciones y especialistas definieron hoy como una «noticia histórica», que implica «un cambio de paradigma», el anuncio sobre el cumplimiento, por primera vez, de la asignación del 10% del presupuesto sanitario a la salud mental, establecida en la Ley 26.657. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunciaron hoy que se cumplió, por primera vez, «con el objetivo de llegar al 10%» del presupuesto sanitario destinado a la salud mental, «teniendo una mirada mucho más integral y amplia», durante el cierre del Primer Encuentro Nacional de Salud Mental, que se realizó esta semana en el predio de Tecnópolis, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli.
A lo largo del 2023, el Poder Ejecutivo invirtió 41.122 millones de pesos en partidas destinadas a la salud mental, lo que representa un 10,1% del total de la inversión en salud, se informó en un comunicado.
De esta manera, se cumplió con lo establecido por la Ley 26.657, una ley «paradigmática» de la democracia porque «presupone horizontalidad y ver al otro como un par. Partimos de un paradigma más justo, que tiene que ver con el respeto al ser humano», explicó Rossi.
«Es una noticia histórica que se haya tomado la decisión política de invertir. Nunca se había llegado a un 10%. El presupuesto de salud que se destina a la salud mental en el mundo es de un promedio de un 2%», expresó a Télam Maximiliano Cesoni, secretario de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA).
El especialista aseguró que «quedó en evidencia la importancia de la salud mental en la pandemia y post pandemia» y que «pueda tener los recursos acordes y necesarios para adecuarla a lo que pide la ley es para celebrar».
«En este contexto donde hoy en día la salud pública se está poniendo en tela de juicio, y se habla de privatizarla, que estas políticas públicas estén acompañadas por recursos y presupuestos me parece que es el camino que todos los trabajadores de la salud y la salud mental tenemos que defender», manifestó.
Por su parte, María de los Ángeles López Geist, médica psiquiatra de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), dijo que «hace una docena de años que la ley de Salud Mental estaba desfinanciada» y que «no se cumplía con la inversión que determina».
En diálogo con Télam, la médica precisó que «el cambio de paradigma de la salud mental requería dar una vuelta de 180 grados, y eso no era posible sin inversión».
Además, destacó la manera en la que la adecuación de muchos hospitales de salud mental «cobró ritmo en el último tiempo». Además, consideró «necesaria una tarea de articulación entre todos los recursos».
A su vez, consideró que es «fundamental priorizar las infancias, extender la práctica de la salud mental perinatal, diseñar dispositivos para los niños ya con consumo de sustancias, y visibilizar los estragos de la violencia con niños y adolescentes».
Y ponderó el trabajo del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones y del Órgano de Revisión, creados por la ley, que se replicó en varias provincias y permitieron «la visualización de múltiples sectores carentes de cobertura. Pero también visualizó el enorme potencial de todas esas organizaciones».
Alberto Trimboli, expresidente de la Federación Mundial de Salud Mental y presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) consideró que el presupuesto del 10% de salud en salud mental es «una noticia que hay que celebrar» y espera que esta iniciativa sirva de «inspiración para las provincias y municipios» para que avancen en la misma dirección.
En diálogo con Télam, el psicólogo consideró que aún «hay un camino que recorrer» y «no debemos ver este presente como el final del camino, sino que debemos verlo como el camino correcto».
«Muchas veces se piensa que la falta de presupuesto para la salud mental es un problema de países desarrollados, pero se trata de una decisión política. Estados Unidos, el país más rico del mundo, gasta el 6% del presupuesto de salud en el área de salud mental, pero la mayor parte de su presupuesto está destinado a los hospitales psiquiátricos», dijo.
Y agregó que esta decisión tiene «consecuencias directas hacia las personas con padecimientos mentales, ya que significa la posibilidad de tener una vida más plena y con servicios que se encuentran en la comunidad en la que viven».
A su vez, señaló que impacta «positivamente» en los profesionales y técnicos que se ocupan de la problemática, ya que «al contar con un abanico mayor de dispositivos, no solo a las cuestiones clínicas, sino también de apoyo, los trabajadores del campo de la salud mental podemos trabajar con mayor tranquilidad».
El establecimiento del 10% «beneficia a pacientes y profesionales porque le da certidumbre en relación a lo que va a pasar con el tratamiento, con la intervención en relación a los pacientes y en relación a los profesionales», expresó Jorge Garaventa, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA).
El psicólogo dijo a esta agencia que una mayor inversión «asegura la continuidad de los planes de ejecución» como así también «la continuidad laboral» y que «no quedan excusas» para que se «profundice la transformación».
En ese sentido, destacó las medidas de desmanicomialización de los centros de alojamiento en «condiciones absolutamente precarias y antiterapéuticas» para que se «transformen en espacios de evolución y ejercicio de salud como de reinserción hacia el paso siguiente que es la plena inserción a la comunidad».
Para el especialista, es importante establecer un mínimo de inversión en salud mental porque «es la forma de garantizar las políticas públicas» y es una muestra que «los presupuestos no son una cuestión de dinero sino de decisiones sobre dónde poner el dinero público».
«Apunta a fortalecer la ley de salud mental, una ley revolucionaria, transformadora y pensada en beneficiar a aquellas personas que padecen trastornos mentales. Es una buena noticia porque es un movimiento que garantiza el ejercicio pleno de los derechos en salud mental», concluyó.
Fuente: El Litoral
