La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, anunciaron este jueves al mediodía una serie de proyectos de ley que, entre otros puntos, incluyen la modificación de la Ley de Seguridad Interior que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones de combate al delito.
Los proyectos irán para su discusión y tratamiento al Congreso de la Nación, en fecha próxima, seguramente la semana que viene.
Se trata de la ley sobre legítima defensa y atentado contra la autoridad, la ley de ADN para delitos, la ley contra organizaciones criminales (ley antimafias) y la ley de penalización para organizadores de piquetes y bloqueos.
En el ámbito de Defensa se destaca la modificación de la Ley de Seguridad Interior, y al respecto el ministro Petri recordó que «como todos saben, la situación en Rosario es critica», con 259 asesinatos en 2023, mientras que en lo que va de este no hubo más de 30 homicidios, contra los 70 del año pasado a la misma altura.
A tal efecto destacó el accionar de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad, y también la convocatoria a las Fuerzas Armadas para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
«Pero todos esos esfuerzos no alcanzan, y lo que estamos viendo es la presencia de actos terroristas, como ocurrió un par de semanas atrás», alertó el ministro. E indicó que, a partir de eso, «el Presidente nos dio instrucciones de actuar con todo el poder del Estado, apoyando las acciones que se están desplegando». También marcó en ese sentido que en dos meses estará funcionando el sistema acusatorio en la Justicia Federal Penal.
«Para derrotar al narcotráfico es imprescindible la tarea interagencial, con los tres poderes del Estado involucrados. Endurecer las penas, investigación criminal y patrullaje, r investigaciones patrimoniales complejas, para quitarles el poder de fuego», resumió.
Con esto, Petri anunció el proyecto que modifica la Ley de Seguridad Interior, que data de 1991, y establece dos supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas: apoyo a las fuerzas de seguridad y la declaración del estado de sitio.
La modificación «es para permitir que puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolver tranquilidad a rosarinos, en el supuesto particular de terrorismo tal como está definido en el Código Penal», dijo el ministro.
Esa calificación va a depender del comité de crisis «y va a requerir la voluntad expresa del gobernador en donde se reclame la participación de las Fuerzas Armadas».
A partir de esta declaración de actos terroristas, las FFAA, van a quedar «habilitadas para patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia debiendo dar intervención al juez y fiscal para dar garantías».
Para ello, las fuerzas van a ser «equipadas y capacitadas», en tanto que va a ser «un bajo porcentaje, no más de 2000 efectivos para trabajar en seguridad interior». Y todo bajo el control operacional del comité de crisis, copresidido por ambos ministros nacionales y el gobernador de la provincia en cuestión. «Todo el accionar va a ser revisado por la Justicia», prometió.
A su turno, Bullrich anunció un paquete de proyectos, algunos que serán incorporados a la ley de Bases, cuyo borrador analizan por estos días los distintos bloques que integran el Congreso Nacional.
«Tras un estudio minucioso de carácter profesional y de la legislación comparada, hemos planteado proyectos y luego algunos de ellos se incorporarán al Código Penal Argentino, que está en estudio en una comisión que tendrá su primera versión en seis meses».
Sin embargo, se decidió adelantar algunos capítulos y otras leyes autónomas «necesarias para la situación de inseguridad que está viviendo la Argentina».
En primer lugar, detalló que se va a enviar al Congreso la llamada «ley antimafias» que, básicamente, establece que la pena por el delito más grave se va a aplicar a todos los miembros de una organización criminal. «A partir de esta ley todos los miembros van a ser partícipes necesarios para el acto delictivo: quien transporta, quien vende, quien lava dinero, quien hace el sicariato, quien presta la moto (para que se cometa el delito); todos van a tener la pena máxima y si ésta no se determina, será de entre 8 y 12 años», anunció Bullrich. Además se establece el mecanismo inmediato de extinción de dominio de propiedades y de dinero de la organización.
«Es una ley que cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita: ahora vamos por el hormiguero», declamó Bullrich.
La ministra especificó que se aplicará a delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, coacción, trata de personas, intimidación pública, terrorismo, incendios o estragos con el objetivo de logra la destrucción de viviendas para apropiarse del lugar, tenencia ilegal de armas y explosivos.
«Estamos ante el caso de una organización que tiene en vilo una zona, un barrio y en esa zona no rige la ley nacional, el Código Penal, ni la Constitución Nacional, sino la ley de esa organización. Cuando se cometen acciones reiteradas para amedrentar a la población, para infundir temor a las autoridades y quebrarles la voluntad. Cuando se busca el control de un territorio para cometer ilícitos, desde transporte hasta comercialización, venta y lavado de activos», enumeró la ministra. Y aclaró que, en esos casos, «todos los que participen de esa cadena son considerados miembros de esa mafia, y van a tener la pena que corresponde a esa condición».
Bullrich puso de manifiesto la intención de construir «un nuevo modelo superador de la tradicional asociación ilícita», aplicable a los casos en que se utilicen métodos de destrucción y muerte.
«Esto va a permitir medidas como la detención por averiguación de delitos; que ya se hace en Santa Fe, pero va a ser para todo el país. Efectuar retenes, requisas, incautar mercadería, rastrillaje, allanamientos encadenados…», prosiguió. Y añadió «la intercepción de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación, con la autorización de la Justicia».
La otra figura que se quiere incorporar es la de reiterancia, que ya está vigente en la provincia de Mendoza: «Reiterás el delito y vas preso, se terminó la idea de que podés acumular delitos cuando tarda 6 años la condena por el primero y mientras tanto esa persona fue detenida 25 veces», graficó la ministra, para quien de esta manera se corta con el «sentimiento profundo de impunidad que tiene la sociedad argentina».
Además se ampliará el registro de ADN que rige en el país para condenados por delitos sexuales, y será superador del sistema de huellas digitales. «A cada persona que entre a una dependencia policial, a una cárcel, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN que va a estar en un sistema de almacenamiento que nos ha donado el FBI». «Y todos los imputados y no solo los condenados por delitos sexuales van a dejar sus huellas genéticas», no solo para facilitar la imputación «sino también para desvincular a personas inocentes de una investigación».
