La conducción de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) proyecta una serie de cambios profundos en el funcionamiento de la empresa para intentar encauzar una situación que se define como «crítica». A la decisión de modificar el actual régimen tarifario y de regularizar la situación de Grandes Acueductos, se sumó la solicitud del gobierno provincial de sanción por parte de la Legislatura del estado de emergencia de la empresa.
Desde que comenzó la gestión de Maximiliano Pullaro, el diagnóstico trazado por las nuevas autoridades ha sido el de una empresa con un déficit millonario. La propia titular de ASSA, Anahí Rodríguez, a principios de año, daba cuenta en diálogo con El Litoral, del «descalabro, vaciamiento y abandono» con el que había encontrado al organismo.
Así se llegó a este pedido de declaración de estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de que sea prorrogado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto hasta la misma fecha de 2025. Además, se solicita que se le otorgue al gobierno facultades para durante ese tiempo determinar el régimen tarifario del servicio público, a la vez que insta al propio Poder Ejecutivo a elaborar una propuesta de nuevo marco regulatorio antes de la finalización del estado de emergencia.
A casi seis meses de la actual administración, la situación crítica no se ha logrado revertir. Se han instrumentado medidas de reordenamiento y recorte interno, pero sus resultados no han incidido prácticamente en la ecuación negativa que mantiene la compañía. La empresa persiste con un rojo elevado, sin inversión y con el desafío de seguir garantizando a diario la provisión de un servicio esencial como lo es el agua potable.
Sobre esa base es que se plantean medidas para comenzar a intervenir rápidamente en determinados aspectos que, según la actual administración, están fuera de cauce. Por ejemplo, el sistema de Grandes Acueductos. Allí, el proyecto enviado pretende regularizar la situación y garantizar que comunas y municipios paguen por el agua en bloque que compran y consumen en sus localidades. En el mismo sentido se inscribe la iniciativa para cambiar el régimen tarifario y centrarlo en la micromedición para que el usuario pague realmente por lo que consume.
En simultáneo, la declaración de emergencia de la empresa pretende, como se dijo, someter a discusión la situación integral de la empresa: su cuadro financiero, su planta de personal y hasta si la actual figura jurídica de la firma (sociedad anónima) es la adecuada para la actual coyuntura.
En el texto enviado a la Legislatura se pide declarar hasta el 31 de diciembre de este año “en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A. en el ámbito de la provincia de Santa Fe”. Como fundamento se esgrime que es para “atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas S.A. de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad”.
Asimismo, se deja expreso que la emergencia la puede prorrogar el Poder Ejecutivo a través de un decreto por un año más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.
En otro artículo, se pide facultar “al Poder Ejecutivo durante el período de la emergencia a determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión definido por el artículo 30 de la Ley N° 11220”. “A tales fines el Poder Ejecutivo podrá elaborar las definiciones específicas, fijar los valores, precios, cargos y componentes tarifarios en las distintas modalidades del servicio y categorías de usuarios, el régimen de subsidios, la aplicación de nuevas alternativas que tiendan a la cobertura de los costos de explotación y toda otra distinción o categorización que se considere justa, razonable y oportuna”, agrega.
Del mismo modo, se solicita autorizar al Poder Ejecutivo a definir “la estructura, procedimiento y régimen tarifario aplicable a la provisión de agua, a través del sistema de acueductos, a los titulares del servicio público de provisión de agua potable de las localidades alcanzadas la traza del Programa «Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe».
Finalmente, antes de la finalización de la emergencia (sea efectivamente el 31 de diciembre de 2024 o se prorrogue hasta 2025), “el Poder Ejecutivo deberá elaborar una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento”.
El mensaje del Poder Ejecutivo
