La autopista Santa Fe – Rosario volverá a ser administrada mediante un fideicomiso, al igual que durante el gobierno de Miguel Lifschitz, dejando de lado el mecanismo dispuesto por Omar Perotti para que la gestión esté en manos de la Dirección Provincial de Vialidad.
A principios de marzo en una entrevista al titular de la DPV, Pablo Seghezzo, se decidió volver a esa figura «porque con sus protocolos y procedimientos, tiene la capacidad de contratar, de hacer pedidos de cotización pero todo más rápido, mucho más rápido y ágil», según precisó entonces. En aquella oportunidad, el funcionario también dio cuenta de la intención de ir hacia una automatización completa del mecanismo de cobro de peaje.
Mediante el decreto 637 del pasado 21 de mayo, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía Pablo Olivares y de Obras Públicas Lisandro Enrico, se establece la vuelta de la administración y gerenciamiento de la autopista a la modalidad del fideicomiso, también con BMR Mandatos y Negocios, perteneciente al Banco Municipal de Rosario. Se lo hace de forma directa (ya que se trata de organismos oficiales) y por un plazo de dos años, prorrogable.
Hasta tanto Vialidad firme el contrato con BMR, el decreto dispone que «deberán arbitrarse los mecanismos presupuestarios, contables, financieros, legales y técnicos, necesarios a fin de ordenar una adecuada transición entre la Unidad Ejecutora Especial AP01 y el Fiduciario, respecto al inventario de bienes, la cesión de los contratos vigentes de ejecución diferida, el pago a los proveedores y demás obligaciones contraídas, viabilizando los compromisos asumidos-devengados, entendiendo como fecha límite el día 31 de mayo de 2024».
En los considerandos, el decreto funda la medida en que «de los informes técnicos obrantes en los presentes se advierte el estado de situación que a la fecha presenta la Autopista Rosario – Santa Fe, tanto en lo relativo a infraestructura, equipamiento, servicios al usuario y administración de recursos humanos, por lo que surge con claridad la necesidad de reemplazar la forma de la organización administrativa actual del Corredor Vial, dado que la vigente dispuesta por Decreto N° 295/2020 no ha resultado lo absolutamente eficiente, pese a los esfuerzos realizados por la actual Unidad Ejecutora Especial». Según indica la norma, esta circunstancia «impidió, con eficiencia y celeridad, planificar servicios, ejecutar las mejoras sobre la traza principal y sus accesos desde localidades y caminos vecinos, la modernización y/o renovación de las áreas de servicios a los usuarios, condiciones de circulación más seguras que brinden una calidad superior acorde con los estándares de calidad previstos para este tipo de camino».
En su momento, Seghezzo había confirmado a El Litoral que a la autopista «la encontramos sin ninguna inversión durante cuatro años; no se hizo ninguna inversión de mantenimiento. Nosotros habíamos hecho tres contratos de repavimentación en la gestión anterior; incluso, dejamos los pliegos listos para repavimentarla completamente, pero no sólo que no se continuaron, sino que tampoco se hizo un mantenimiento mínimo de sellado de fisuras. Eso es lo mínimo que se hace en cualquier ruta y más en una autopista con el tránsito que tiene ésta, y que además tiene mucha circulación de camiones».
Ahora, el decreto 637 apunta que la necesidad de cambiar la figura de la actual organización administrativa, remite a «una figura que brinde más dinámica en el cumplimiento de los cometidos propios del servicio tendientes a garantizar la circulación ininterrumpida y segura del tránsito en toda su traza y la prestación de los servicios complementarios; resulta insoslayable buscar un modelo de gestión que resulte adecuado para la administración y gerenciamiento del corredor por una figura que resulte más eficiente y ágil, para asumir directamente la explotación del corredor vial Autopista Rosario – Santa Fe». Y descarta la conveniencia de acudir a un operador privado para que se haga cargo, «dadas las falencias e incumplimientos» advertidos en los casos antecedentes, que derivaron en «el virtual abandono y entrega anticipada» en 2017.
En este punto justifican volver al fideicomiso de administración como figura contractual, como negocio jurídico bilateral, no solo para sortear dificultades técnicas y administrativas, sino en orden a que «determina un importante beneficio, por cuanto permite que la totalidad de los recursos puedan ser aplicados en la autopista habida cuenta de las exenciones impositivas con que cuenta esa figura jurídica».
Sobre esa base, el decreto entiende que no deben soslayarse «los antecedentes de la figura contractual del fideicomiso y su fiduciario BMR MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. como instrumento de gestión del Corredor Vial durante el período 2017/2020, entre los que se destacan la modernización que se produjo en el mismo, tanto a nivel físico, tecnológico, de recursos humanos y servicios al usuario, como la transparencia y trazabilidad en la percepción y aplicación de los fondos administrados que fuera demostrada por los dictámenes emitidos por el Tribunal de Cuentas de la Provincia».
Y que, por otra parte, «también se acreditó la mayor eficiencia económica y operativa de ese entonces mediante la centralización de su gestión, en los procesos de adquisición y contratación de las obras, servicios y provisiones vinculadas a la explotación de la traza y la consecuente inversión de los fondos excedentes en la actualización tecnológica y equipamiento de la autopista y que se tradujeron en el reemplazo de señalización obsoleta y fuera de norma, la instalación de los sistemas de monitoreo e información, la construcción de nuevas oficinas de administración, la colocación de luminarias, el mantenimiento y reparación de cabinas de peaje, etc».
Info: El Litoral.
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