A través del Mensaje N° 18 enviado al Concejo de Santa Fe, el titular del Ejecutivo capitalino, Juan Pablo Poletti, le solicitó al Cuerpo Legislativo ampliar los montos para los llamados a licitación pública. Ese acto administrativo hoy tiene un monto de base de 10 millones de pesos, de acuerdo a la Ordenanza Nº 12.928, sancionada el 13 de diciembre de 2023.
Ahora bien, lo que le pide el intendente al Concejo es autorización para proceder a un llamado a licitación pública cuando el monto de las erogaciones “supere la suma de $25.000.000”, dice el mensaje.
El monto actual de base de $10 millones quedó desfasado por los valores de los materiales de construcción -por ejemplo-, que aumentaron por la espiral inflacionaria.
Llevarlo a $25 millones de base implica una suba del 150%, y la inflación global (en términos nominales) en el país de diciembre hasta mayo fue del 80%, según el Indec.
Esto abarca todo lo que se relaciona con obras municipales, “como así también para enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones y contratos en general, que importen un desembolso para la Municipalidad”, agrega.
Los procedimientos de selección de contratistas “deberán realizarse de acuerdo a los principios de transparencia, publicidad, igualdad, libre concurrencia de los oferentes y falta de arbitrariedad del proceso, en orden a obtener las condiciones más ventajosas para el interés público, de conformidad a lo previsto con en el artículo 10º de la Ley Orgánica de Municipales”.
El argumento
En siete meses de gestión municipal, es la segunda vez que el intendente le solicita al Deliberativo local una ampliación de los montos sobre los cuales poder licitar. Como se dijo, el anterior fue en diciembre pasado, hace unos seis meses. El argumento, según los considerandos del mensaje, se debe a “la necesidad de actualizar los importes a la realidad económica imperante”.
Esta ampliación permitiría dotar al municipio “de mayor capacidad operativa y, asimismo, garantizar una mayor eficacia y eficiencia de los actuales mecanismos previstos en el régimen de contrataciones”.
Con todo, el reajuste de montos solicitados “es indispensable teniendo en cuenta que el monto vigente fue aplicado a partir de diciembre de 2023, sin actualización alguna hasta la el día de la fecha, resultando insuficiente el monto autorizado por la Ordenanza Nº 12.928, en virtud del contexto inflacionario que atraviesa el país”, agrega el proyecto.
“Estos cambios se solicitan habitualmente porque las cosas que hace unos meses valían 100, ahora cuestan 500. Entonces, es necesario que los distintos tipos de compras queden dentro de los alcances del mismo procedimiento de licitación, pues normalmente son compras ordinarias”, graficó una alta fuente legislativa.
“Habría que analizar no tanto la inflación sino los costos por cada rubro de la construcción, por ejemplo, que para ver si en efecto, el Ejecutivo necesita esa ‘elasticidad’ o no para solicitar este reajuste de los montos licitatorios de base. No obstante, en general estos pedidos se realizan por parte del Ejecutivo una vez al año…”, agregó la misma fuente interrogada.
