El Gobierno argentino trabaja en un paquete de reformas destinado a transformar tanto el sistema electoral como la política económica del país de cara a los próximos años. El objetivo del oficialismo es que estas iniciativas se implementen antes de las elecciones legislativas de 2025.
Reformas electorales
Por un lado, el Gobierno comenzó a trabajar este lunes en el «paquete electoral», un conjunto de leyes electorales que pretenden enviar al Congreso después de las vacaciones de invierno. Esto se debe a la necesidad de preparar la logística para las elecciones de medio término del próximo año.
La primera propuesta del paquete electoral es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta medida busca simplificar el proceso electoral y reducir los costos asociados, aunque ha generado resistencia entre algunos sectores políticos que argumentan sobre la importancia de estas instancias para la participación democrática.
La segunda de las iniciativas del oficialismo es la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), una propuesta diseñada para mejorar la transparencia del sistema de votación. Este proyecto ya ha sido tratado varias veces sin éxito en el Congreso y se espera que esta vez sí se avance y forme parte integral del nuevo marco electoral.
Otra medida es modificar el financiamiento de las campañas electorales, eliminando los topes en los aportes tanto de personas jurídicas como físicas. Así se pretende despejar el camino hacia una mayor flexibilidad en el financiamiento político, aunque esta idea ha generado un debate intenso sobre la transparencia y la equidad en las campañas.
Estas iniciativas corren contra el calendario legislativo, debido a que es necesario aprobarlas antes de noviembre para poder aplicarlas en las elecciones de 2025. Esto implica un proceso riguroso de licitaciones y preparativos logísticos que deben iniciarse a tiempo para cumplir con los plazos establecidos.
Desregulación con la Ley de Hojarascas
El Gobierno también trabaja en la Ley de Hojarascas, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, busca eliminar más de 100 regulaciones que se consideran obsoletas y que afectan la eficiencia económica y la libertad empresarial en Argentina. Como lo explicó en su cuenta oficial X. Busca simplificar el marco normativo y fomentar la actividad económica en diversos sectores industriales.
Esta ley otorgaría al Gobierno un año para iniciar un proceso integral de reforma estatal, con el objetivo de optimizar el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa. Según Sturzenegger, cada peso gastado por el sector público debe ser cuidadosamente evaluado, ya que se financia a través de impuestos que afectan directamente a los ciudadanos o a través de la inflación, argumentó el economista.
La Ley Hojarasca será presentada próximamente al Congreso, donde se espera un intenso debate parlamentario.
Esto ocurre luego de que el Gobierno anunciara el inicio de la «segunda etapa» de su plan de estabilización económica, enfocado en alcanzar la «emisión cero”. En la primera fase del plan, se eliminó el déficit fiscal. Ahora la nueva etapa implica cambiar los pasivos remunerados de los bancos por «Letras de Regulación Monetaria», cuyas tasas de interés serán controladas por el Banco Central. Esto busca mejorar la efectividad de la política monetaria al evitar la emisión excesiva de dinero para pagar intereses, explicaron desde el Ministerio de Economía.
Sin embargo, esta medida también implica un ajuste en el manejo fiscal, ya que ahora el Gobierno será responsable de financiar los intereses de estas letras con el superávit fiscal, lo que podría requerir recortes adicionales en el gasto público o aumentos de impuestos.
