Una de las condiciones que tuvo que atender el gobierno nacional para lograr la aprobación, en el Senado, de la mega Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue dejar a Aerolíneas Argentinas fuera de las empresas a privatizar, además del Correo Argentino, y Radio y Televisión Argentina.
En cambio logró que sean incluidas en el listado Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Pero Aerolíneas Argentinas no pasó el filtro en el Senado, donde el oficialismo está en franca minoría.
Eso no significa que la administración de Javier Milei haya desistido de que la aerolínea de bandera corra la misma suerte que las compañías mencionadas. Por eso es que ahora impulsa el tratamiento de dos proyectos que vienen desde la oposición «amigable»: uno del PRO y otro de la Coalición Cívica.
El debate está previsto para este miércoles en un plenario de comisiones de Transporte, y de Presupuesto y Hacienda.
Según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, el proyecto del PRO fue presentado por Hernán Lombardi el 9 de septiembre pasado, declarando «sujeta a privatización a la empresa Aerolíneas Argentinas SA».
En sus escuetos tres artículos se limita a declarar a la empresa «sujeta a privatización» en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a «establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización».
Los fundamentos son obviamente más extensos y tras resaltar la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo económico de las regiones, el crecimiento del país y la promoción del turismo nacional, se mete de lleno en el déficit que genera AA en las arcas del Estado. «Solo en el año 2023, la aerolínea reportó pérdidas cercanas a 200 millones de dólares», detalla el texto, que refleja que «desde su reestatización, los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a los 8 mil millones de dólares», al tiempo que «16 años más tarde, el Estado argentino adeuda el pago de más de 340 millones de dólares» correspondiente a la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa del litigio iniciado por el grupo Marsans por el pago incorrecto correspondiente a la expropiación.
Según datos aportados por el anterior jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante su paso por el Senado, la empresa cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para 81 aviones activos; es decir, casi 15 pilotos por cada avión operativo.
Luego el proyecto, acompañado por un nutrido grupo de diputados del PRO, alerta sobre el «privilegio para pocos» que representa volar por el elevado costo de los pasajes y reivindica a las «Low Cost» por haberle brindado a miles de argentinos «la oportunidad de transportarse de manera rápida y a un costo reducido en comparación con otras empresas y medios de transporte».
El texto concluye asegurando que la privatización de AA permitirá que esa empresa «opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos».
De la Coalición Cívica
El otro proyecto fue presentado días atrás por Juan Manuel López, acompañado por otros legisladores de la Coalición Cívica. También tiene solo tres artículos, el segundo de los cuales difiere ligeramente del otro, precisando que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, «debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742».
La fundamentación de este proyecto es más amplia y recuerda la posición original de ese espacio sostenida durante la discusión de la Ley Bases, cuando en el dictamen de minoría que presentó la CC propusieron la privatización de 37 empresas, Aerolíneas incluida. Desde la Coalición Cívica no solo sostienen la necesidad de avanzar en las privatizaciones, «debido al perjuicio que el sostenimiento de las empresas en manos del Estado genera en las finanzas públicas, los marcos regulatorios y la competencia, sino que también hemos propuesto que tanto las empresas que serán privatizadas -hasta que se concrete dicha privatización- como aquellas que, por su carácter estratégico, se mantengan en manos del Estado, deben ser gestionadas con criterios de buen gobierno y eficiencia, tal como sucede en las empresas privadas».
Cuantifican esas transferencias en $2.290.052 millones para el año 2023, lo que representa el 42% del déficit fiscal primario. «Esta semejante cantidad de recursos demandados por las empresas públicas no solo condiciona la sostenibilidad de las cuentas públicas sino que resulta particularmente inviable en el actual contexto de restricciones presupuestarias».
«Es por estos motivos que corresponde avanzar hacia un Estado inteligente y moderno, que dé lugar a la provisión de bienes y servicios de calidad al menor costo posible», agrega López, que recuerda la intención de corregir esos desequilibrios en el período 2015-2019 (durante la gestión de Mauricio Macri), pero reconoce que tras el ahorro inicial, al finalizar 2023 las transferencias para subsanar el déficit operativo volvieron a aumentar hasta llegar a representar el 1,2% del PIB.
«Habiendo aprendido de esta experiencia es que el Congreso debe avanzar con medidas más profundas que resuelvan la cuestión de las empresas públicas de manera definitiva», enfatiza el texto que reproduce el sitio legislativo especializado.
Con información de El Litoral
