En 2024, la provincia de Santa Fe registró la tasa más baja de homicidios dolosos en una década. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacaron que el abordaje estratégico de la violencia y el crimen organizado fue clave en los resultados de baja de asesinatos, haciendo foco en Santa Fe Capital y en Rosario.
Durante el año 2024, la provincia de Santa Fe vivió un hecho sin precedentes: la tasa de homicidios dolosos descendió a 4,83 cada 100.000 habitantes, el valor más bajo registrado desde 2014. Esta reducción representó una caída del 56% respecto de 2023 y marcó un quiebre en una tendencia histórica que ubicaba a Santa Fe entre las jurisdicciones más violentas del país.
El dato surgió del informe de gestión presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que atribuyó estos resultados a la ejecución del Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados, una estrategia diseñada para enfocar los recursos del sistema penal en los fenómenos delictivos más graves.
Reducción sostenida y foco en el crimen organizado
Las cifras del informe reflejaron mejoras contundentes en las dos zonas más críticas de la provincia. En el departamento Rosario, los homicidios bajaron un 65,5% y en La Capital, un 55,1%, alcanzando en ambos casos los valores más bajos en diez años.
Según el MPA, los homicidios vinculados a economías ilegales y organizaciones criminales continuaron siendo la principal causa, representando seis de cada diez casos en Rosario. Sin embargo, se observó una disminución relativa de este tipo de hechos y un leve crecimiento de los vinculados a conflictos interpersonales.
Además, el fenómeno del sicariato, caracterizado por asesinatos por encargo, mostró un retroceso: afectó a cuatro de cada diez homicidios, la menor incidencia de los últimos cinco años.
Cambios institucionales en el MPA
La Fiscalía General destacó que estos resultados no fueron casuales. Durante 2024 se impulsó una serie de reformas estructurales que incluyeron la creación de agencias fiscales especializadas, la implementación de focos investigativos y la puesta en marcha de un plan piloto en barrio Ludueña de Rosario, donde se imputaron a cuatro personas por 17 delitos, incluyendo nueve homicidios.
Asimismo, el índice de individualización formal (casos en los que se identificó a los autores) subió al 59,7%, lo que implicó un notable avance respecto de los años anteriores. Se lograron más imputaciones, detenciones y acusaciones formales, especialmente en Rosario y Santa Fe.
También se reportó una baja en los heridos por armas de fuego, con 815 casos en todo el año, una caída del 38,9% en comparación con 2023. Rosario registró una disminución del 55,9% en esta estadística.
Órdenes desde las cárceles
Otro factor clave fue el control del fenómeno de delitos ordenados desde prisión. Mientras en 2023 se habían detectado 23 homicidios bajo esta modalidad, en 2024 se identificaron solo diez, lo que significó una caída del 56,5%.
El informe también subrayó la importancia del trabajo coordinado entre el MPA, el poder judicial, las fuerzas de seguridad y otras agencias del Estado, que colaboraron en operativos contra el microtráfico, inactivación de puntos de venta de drogas y tareas de prevención barrial.
Para la Fiscalía General, liderada por María Cecilia Vranicich, el 2024 marcó un antes y un después en la persecución penal en Santa Fe. La implementación de una estrategia integral, focalizada y proactiva permitió recuperar capacidad de respuesta frente a la criminalidad organizada.
Si bien el informe reconoció la multicausalidad de los fenómenos de violencia, remarcó que el cambio de enfoque institucional y el compromiso en la persecución penal fueron determinantes para revertir una realidad que durante años pareció inmodificable.