El Fondo Monetario Internacional alertó que las leyes aprobadas por el Congreso argentino, que aumentan el gasto en un 1,5% del PBI, podrían generar riesgos fiscales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una advertencia sobre las nuevas leyes aprobadas por el Congreso argentino, las cuales, según el organismo, representarán un aumento del 1,5% del PBI en el gasto público. Estas leyes, que incluyen un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, fueron aprobadas en un contexto de presión electoral, a nivel tanto provincial como nacional, generando un fuerte impacto en la relación fiscal del país.
El FMI destacó que estas medidas son consideradas como «costosas iniciativas de gasto» que podrían continuar más allá de octubre, en un periodo clave en el que el Gobierno argentino se comprometió a lograr un superávit fiscal del 1,6% del PBI. De acuerdo con el organismo, las nuevas leyes aprobadas por el Congreso, en contraposición a ese compromiso fiscal, incrementan significativamente las transferencias al sector previsional y las provincias, lo que complica el objetivo de equilibrio fiscal planteado por el gobierno.
En su staff report, el FMI explicó que las iniciativas aprobadas por el Congreso aumentan considerablemente el gasto público, y podrían representar 1,5% del PBI, lo que equivale a un aumento significativo de la deuda pública. En este sentido, el organismo alertó sobre los riesgos que esta expansión del gasto representa, especialmente cuando se busca implementar ajustes fiscales más estrictos.
El presidente Javier Milei ya confirmó que vetará las leyes que incrementan las jubilaciones y declaran la emergencia en discapacidad, con el fin de preservar el equilibrio fiscal. Milei sostiene que la aprobación de estas leyes es «un genocidio económico», debido al aumento de la deuda pública que implican. Según el mandatario, el gasto público aprobado por el Congreso puede generar una deuda de hasta 350.000 millones de dólares.
A pesar del veto presidencial, la oposición busca generar apoyo en el Congreso para derogar el veto de Milei. Sin embargo, el Ejecutivo también está trabajando en una estrategia alternativa, que incluiría la implementación de un pequeño aumento en el área de discapacidad, con el objetivo de conseguir el respaldo de sectores como el radicalismo.
El FMI señaló que la resolución de estas iniciativas podría demorar más allá de octubre. Esto sugiere que, incluso si el veto presidencial es ratificado, el proceso de negociación y resolución en el Congreso puede extenderse, complicando las proyecciones fiscales del país.
El gobierno de Milei ya adelantó su intención de presentar una propuesta de reforma previsional en el Congreso antes de diciembre de 2026, con el objetivo de optimizar el sistema y lograr una mejor armonización entre las contribuciones y las prestaciones. Además, se contempla impulsar la formalización del mercado laboral como parte de esta reforma, en línea con las recomendaciones del FMI.
