El Concejo Municipal de Santa Fe comenzó a analizar un proyecto que propone una alternativa para el pago de multas altas. La iniciativa fue elaborada por el Ejecutivo y tiene como objetivo permitir que los infractores puedan compensar parte del monto con bienes o servicios que el municipio requiera.
El concejal Carlos Suárez explicó a El Litoral que se trata de un mecanismo que busca “hacer efectivo el cobro de sanciones que muchas veces resultan impagables por su valor o por la acumulación de infracciones”.
Una propuesta para multas superiores a 3.000 UF
El proyecto establece que solo podrán acceder al sistema quienes registren multas mayores a 3.000 UF o acumulen sanciones que alcancen ese valor. Suárez aclaró que no se trata de un perdón, sino de una forma alternativa de cumplimiento.
“Frente a una multa elevada, el infractor podrá abonar un 20% en efectivo y el resto compensarlo con bienes o servicios. Por ejemplo, si debe una suma importante, podrá cubrir parte del monto comprando bancos de plaza, cestos o elementos que el municipio necesite”, detalló el edil.
De aprobarse, el mecanismo ofrecerá una opción para quienes desean regularizar su situación pero no cuentan con el dinero total. “A veces la voluntad existe, pero los montos son muy altos. Esta modalidad facilita el cumplimiento sin resignar el carácter sancionatorio”, agregó Suárez.
El procedimiento será controlado por el Tribunal de Faltas, que evaluará las propuestas caso por caso. El juez deberá aceptar o rechazar el ofrecimiento del infractor, siempre de manera fundada. Si la propuesta es aprobada, la secretaría municipal correspondiente verificará que se cumplan los requisitos técnicos y plazos de entrega o ejecución.
“Queremos que sea un sistema claro y transparente, donde cada parte tenga bien definidos los pasos y responsabilidades”, remarcó el concejal.
Bienes, servicios y control del Concejo
El Ejecutivo remitirá cada año, junto con el proyecto de Presupuesto, un listado de bienes y servicios que podrán ser utilizados como compensación. Esto permitirá al Concejo Municipal conocer de antemano las opciones disponibles y al Tribunal de Faltas informar adecuadamente a los contribuyentes.
“Nos parece lógico que el listado se actualice anualmente. Así, los infractores sabrán qué bienes o tareas pueden ofrecer y el municipio podrá ordenar sus necesidades”, explicó Suárez.
La medida podría aplicarse, por ejemplo, para la compra de equipamiento urbano, elementos de mantenimiento, luminarias o insumos. En cuanto a los servicios, el edil precisó que solo podrán realizarse tareas que beneficien directamente al municipio.
“Este sistema no tiene relación con las probation judiciales. Aquí los servicios se prestan en favor del municipio, no en convenios con instituciones externas”, aclaró.
El concejal destacó además que la propuesta tiene un objetivo concreto: mejorar la cobrabilidad de las multas más altas. “El Tribunal de Faltas registra numerosos casos de acumulación de sanciones de difícil cobro. Esta herramienta permite descomprimir ese volumen y generar un beneficio para la ciudad”, sostuvo.
Para Suárez, la iniciativa “no implica flexibilizar las normas”, sino dar una respuesta práctica a un problema frecuente. “No se elimina la multa, se cumple de otro modo. El infractor sigue siendo responsable, pero contribuye a la comunidad con un bien o servicio útil”, enfatizó.
Impacto y beneficios esperados
Desde el bloque oficialista confían en que la medida podría tener un impacto positivo tanto administrativo como social. “La multa es una sanción, pero también una oportunidad de reparación. Si alguien que cometió una infracción colabora con la mejora del espacio público o aporta recursos al municipio, todos ganan”, señaló Suárez.
Además, se espera que la nueva modalidad reduzca la morosidad en el pago de sanciones y fortalezca la relación entre los contribuyentes y el Estado local. “La idea es que este mecanismo se aplique con criterio, control y transparencia, y que cada compensación quede documentada en los registros oficiales”, añadió.
El Concejo prevé continuar el análisis del proyecto en las próximas sesiones, junto a la comisión de Hacienda y el Tribunal de Faltas. Si se aprueba, el nuevo sistema podría implementarse a partir de 2026, una vez que se definan los protocolos administrativos correspondientes.
En la práctica, el esquema permitirá que las infracciones significativas no queden sin efecto por falta de pago, al tiempo que el municipio reciba bienes o servicios que hoy demandan recursos adicionales. “Es una herramienta virtuosa —concluyó Suárez— porque transforma una deuda en un aporte concreto a la ciudad”.
