En la Casa Rosada descartan impacto político por las menciones indirectas a Karina Milei
El Gobierno prevé entregar antes de fin de año la auditoría completa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) al despacho del juez Sebastián Casanello. Funcionarios confirman que ya hubo intercambios de documentación con los investigadores y que el informe final se encuentra en etapa avanzada, con foco en compras de medicamentos y procesos administrativos bajo sospecha.
Los equipos del interventor Alberto Vilches revisan expedientes vinculados a adquisiciones que incluían facturas sin registro público ni trazabilidad dentro del Ministerio de Salud. En áreas oficiales admiten indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares, en línea con lo que se investiga en la causa judicial. En la Casa Rosada descartan impacto político por las menciones indirectas a Karina Milei y niegan tensiones por las citaciones del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y de su exdirector Daniel Garbellini.
La administración sostiene que los registros hallados en los cuadernos secuestrados en el allanamiento a Miguel Ángel Calvete no prueban un mecanismo de corrupción y los asocia a cambios en el esquema de compras.
El Ejecutivo planea reformular el sistema y avanzar hacia contrataciones directas con laboratorios, excluyendo a las droguerías, aunque reconoce que el proceso será extenso por sus implicancias administrativas y legales. También anticipa que revisará y derogará contratos vinculados a proveedores bajo investigación.
Los datos del Ministerio de Economía muestran que la ANDIS destina $3,1 billones a seguridad social, más de $556.000 millones a salud y $5300 millones a promoción y asistencia.
La agenda judicial marcará un nuevo paso el 28 de noviembre, cuando declare Lorena Di Giorno. La investigación apunta a posibles direccionamientos y pedidos de coimas, con al menos cuatro droguerías bajo sospecha de haber recibido beneficios sistemáticos, cuyos vínculos deberían quedar documentados en la auditoría oficial.
