En la antesala del debate de la reforma laboral en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió avanzar con una estrategia política para intentar frenar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La central obrera iniciará una recorrida por distintas provincias con el objetivo de sumar respaldo de los gobernadores y articular resistencia parlamentaria.
La gira estará encabezada por los integrantes del triunvirato de conducción Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, y pondrá el foco en los mandatarios peronistas y en aquellos que integran el espacio Provincias Unidas. Según explicaron desde la CGT, los contactos con gobernadores “son permanentes”, aunque ahora buscan profundizar el diálogo ante el inminente tratamiento legislativo.
En ese marco, la conducción sindical ya mantuvo reuniones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut). Si bien los gobernadores no se mostraron abiertamente reacios a la reforma, sí expresaron reparos sobre algunos puntos del proyecto y coincidieron en la necesidad de encontrar un equilibrio que no perjudique a los trabajadores ni a las economías regionales.
Desde el entorno de Pullaro señalaron que la mirada de Santa Fe está centrada en fortalecer a las pymes y avanzar en una modernización laboral que permita sostener el empleo y reducir el trabajo informal, aunque admitieron que existen “distorsiones” que deben corregirse para evitar impactos negativos.
Pese a la estrategia de la CGT, en la central obrera reconocen que la disputa por el respaldo de los gobernadores es compleja, ya que el Gobierno nacional cuenta con mayores herramientas de negociación. Uno de los principales puntos de tensión es la posible modificación del impuesto a las Ganancias, que implicaría una caída en la recaudación provincial.
En cuanto a la postura sindical, el cosecretario general Jorge Sola fue contundente: advirtió que la reforma busca “profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos” y cuestionó la política económica del Gobierno, a la que responsabilizó por la caída del consumo, el aumento del desempleo y el deterioro del poder adquisitivo. Además, aseguró que, de aprobarse el proyecto, la Justicia laboral podría declararlo inconstitucional.
