Este martes se materializó en el Boletín Oficial el anuncio que un día antes hizo el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni: en las sesiones extraordinarias de febrero estará incluido el debate de la modificación a la Ley Penal Juvenil que, entre otros aspectos y como eje central, propone una baja en la edad de imputabilidad.
No hay fundamentos en el texto del decreto 53 que incorpora este item al temario que senadores y diputados deberán considerar entre el 2 y el 27 de próximo mes. Sólo un mínimo articulado por el que se incluye “la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
Como se dijo, el centro del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad y, si bien es una cuestión que está en debate desde hace varios años y que atravesó diversas gestiones, el desencadenante para este nuevo impulso fue el asesinato de Jeremías Monzón, el joven de 15 años que fue torturado y ultimado a puñaladas, en esta ciudad, en diciembre del año pasado.
Por el caso, está detenida una adolescente de 16 años, en tanto dos menores de 14 fueron declarados no punibles y continúan en libertad.
¿Qué se propone?
El proyecto que se espera debatir en el corto período de extraordinarias incluye la creación de un régimen penal diferenciado, que combine sanción, dispositivos educativos, control judicial y mecanismos de reinserción social bajo un esquema específico para menores de edad.
La decisión de adelantar esta discusión, cuando ya se había decidido dejar fuera de extraordinarias el debate del nuevo Código Penal, fue anticipada en el arranque de la semana al cabo de la reunión de la Mesa Política nacional, que concentra a un selecto grupo de referentes del gobierno de Javier Milei.
Entre ellos estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich quien, en su anterior rango de ministra de Seguridad, venia impulsando la baja en la edad de imputabilidad.
El objetivo es avanzar con un nuevo régimen penal juvenil que reemplace la Ley 22.278, vigente desde 1980, a la que el Ejecutivo considera «desactualizada» frente a los estándares constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
Los cambios
Actualmente, en Argentina la edad de imputabilidad penal es de 16 años. El proyecto oficial propuso en su momento bajarla a los 13 años, incorporando a los adolescentes a un régimen penal especial.
En la fundamentación, el Gobierno libertario sostuvo entonces que el sistema vigente «genera situaciones de impunidad» y que la legislación argentina quedó «desfasada» respecto del resto de la región, donde varios países fijaron edades más bajas de responsabilidad penal juvenil.
Hasta aquí la propuesta oficial, pero el dictamen que se logró en el Congreso establece una edad mínima de 14 años e incluye propuestas presentadas por varios bloques legislativos.
Habrá que ver si en las extraordinarias se retoma aquel dictamen, se vuelve a foja cero para insistir con la alternativa oficial de los 13 años de edad mínima o se sostiene el criterio de un sector de la oposición ue busca sostener ese límite en los 16 años.
En ello tasará de manera decisiva la nueva conformación del Congreso luego de las elecciones de octubre de 2025, cuando el oficialismo logró sumar un número importante de bancas.
En Casa Rosada también señalaron que la iniciativa se apoya en antecedentes de países de la región, como Brasil y Uruguay, donde la imputabilidad penal comienza a los 12 y 13 años, respectivamente, aunque con variantes.
En caso de ser aprobado, el nuevo régimen se aplicaría a adolescentes de entre 13 y 18 años, siempre que prospere la propuesta oficial, entre 14 y 18 si se opta por el dictamen ya acordado.
El texto legal establece que la finalidad es «fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos», pero también su educación, resocialización e integración social.
En esa línea, se incorporan principios de debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, proporcionalidad de las penas, tratamiento diferenciado por edad y una interpretación judicial especialmente protectora por tratarse de menores de edad.
Los límites
El proyecto prohíbe expresamente que los adolescentes sean detenidos junto a adultos y fija que toda privación de la libertad deberá realizarse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, bajo personal capacitado y con un enfoque educativo y formativo.
Además, se prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un tope máximo de 20 años de privación de libertad. Por otra parte, habilita la posibilidad de sustituciones parciales de la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante esquemas de cumplimiento alternativo, siempre bajo control judicial y evaluación técnica.
