El sistema judicial dio un paso determinante este lunes en la investigación por irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, bajo los cargos de asociación ilícita, cobro de sobornos y fraude a la administración pública. Según el fallo, se detectó una estructura que operaba de forma sistemática para desviar fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La resolución de Casanello no solo afecta a Spagnuolo, sino que alcanza a un total de 19 personas. Entre los procesados destacan Daniel Garbellini, quien fuera el segundo en la jerarquía de la Agencia, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de droguerías. La justicia sostiene que el organismo fue «infiltrado» por una red de operadores externos y funcionarios de alto rango que actuaron mancomunadamente para favorecer negocios privados ilícitos durante los primeros meses de la gestión actual.
En términos económicos, el magistrado impuso embargos significativos sobre los bienes de los involucrados para asegurar el resarcimiento al Estado. El monto más elevado recayó sobre el propio Spagnuolo, con una suma que supera los 202 millones de pesos. En su escrito, el juez fue tajante al describir que la ANDIS se transformó en una «vía de enriquecimiento» para sus integrantes, quienes habrían operado con total «desenfado», ignorando incluso las quejas de otros funcionarios y proveedores desplazados por el esquema de privilegios y sobreprecios.
Finalmente, el fallo advierte que la investigación podría expandirse. Casanello señaló que existen indicios de que esta lógica de intermediación irregular se habría extendido a otras áreas del organismo, sugiriendo que el entramado de corrupción no fue un hecho aislado, sino que podría contar con niveles de complicidad aún más profundos que restan ser develados.
