El histórico Rampla Juniors atraviesa el capítulo más oscuro de su existencia. La Justicia de Uruguay ha dictaminado formalmente el concurso necesario y el embargo preventivo de la institución, tras constatar una situación de insolvencia absoluta: las deudas acumuladas por el empresario estadounidense Foster Gillett y su socio argentino Guillermo Tofoni superan ampliamente los activos del club.
Esta resolución judicial, enmarcada en la Ley N° 18.387, conlleva el desplazamiento inmediato de las autoridades vigentes y la designación de un síndico a través de la Asociación Uruguaya de Peritos. Este interventor tendrá la titánica tarea de auditar la administración, ordenar el pasivo y supervisar los movimientos económicos para intentar salvar a la entidad de la quiebra total.
El frente judicial: Lavado de activos y restricciones fronterizas
El desplome financiero no es el único frente abierto. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (SENACLAFT) mantiene una investigación activa contra Gillett y Tofoni por presuntas maniobras de blanqueo de capitales.
Dada la gravedad de los cargos, la Justicia ha tomado medidas cautelares severas:
Intervención de comunicaciones: Se monitorearán los intercambios vinculados al giro profesional del club.
- Arraigo judicial: Los directores tienen prohibido cambiar de domicilio o salir de Uruguay sin una autorización expresa.
- Embargo genérico: Se dispuso una traba sobre los bienes y derechos personales de los administradores ante la multiplicidad de reclamos preexistentes.
- Fecha clave: Se ha convocado a una Junta de Acreedores para el 22 de septiembre de 2026, donde se definirá el destino patrimonial de la institución.
- Una gestión «arrasada»: De las promesas de inversión al desahucio
Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) encabezada por Gillett, terminó en un vaciamiento de infraestructura y recursos. El club, que llegó a alquilar su estadio por necesidad, hoy no tiene siquiera dónde entrenar.
La pretemporada 2026 se encuentra paralizada porque Rampla ha sido expulsado de tres centros deportivos por falta de pago:
- Escuela Naval de Carrasco: El predio (Monumento Histórico Nacional) cerró sus puertas por deudas de alquiler.
- Complejo Vázquez: El propietario inició una demanda legal tras seis meses de morosidad.
- Complejo de La Marina (Cerro): También dio de baja el servicio por incumplimientos.
Como resultado, el plantel de Primera debe trabajar en un Estadio Olímpico que presenta un estado de abandono crítico debido a la falta de mantenimiento básico. - El impacto en el fútbol: Inhibiciones y técnicos damnificados
En el plano estrictamente deportivo, el panorama es desolador. El gremio de futbolistas de Uruguay (la Mutual) mantiene al club inhibido por un monto cercano a los 400.000 dólares. Bajo el reglamento de la AUF, Rampla no puede registrar nuevos contratos hasta que cancele esa cifra, lo que pone en riesgo su participación competitiva.
A esto se suman las demandas laborales de exentrenadores y personal de divisiones juveniles. Según registros recientes:
- Leandro Somoza solo percibió dos meses de sueldo.
- Mario Saralegui y Rubén Paz cobraron apenas un mes de los seis que trabajaron bajo la gestión Tofoni-Gillett.
La crisis de Rampla Juniors representa hoy el fracaso de un modelo de gestión que desembarcó prometiendo una revolución económica y terminó con el club bajo administración judicial, sin campos de entrenamiento y con sus responsables bajo la lupa de la justicia penal.
