La cantidad de falsas amenazas de ataques a tiros en escuelas volvió a dar un salto significativo en el inicio de la semana. Este lunes se registraron 84 casos en Santa Fe a pesar de que ya detuvieron a algunos adolescentes en la provincia y en otras jurisdicciones por este tipo de delitos.
El secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, advirtió que la situación en los establecimientos educativos viene escalando de la mano de una «viralización negativa» de las pintadas en baños, mensajes de Whatsapp y publicaciones en redes sociales. Durante un reportaje en LT8 ratificó que los jóvenes acusados o sus padres deberán pagar 5 millones de pesos para cubrir los costos del operativo que se realiza ante cada una de estas denuncias a través del 911.
Pasadas cuatro semanas desde el ataque a tiros y el asesinato de un estudiante en San Cristóbal, el funcionario señaló que el aumento de las amenazas en otros puntos del mapa «es un fenómeno totalmente distinto» al del crimen de Ian Cabrera (13). «Esto tiene más que ver con una imitación que parece ingenua pero no lo es», señaló.
«No se trata de una broma de adolescentes sino de un delito», manifestó el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad en cuanto a las falsas amenazas. A continuación recordó que «las personas identificadas tendrán que asumir la responsabilidad más allá de su edad, también a través de sus responsables legales» si son menores de edad.
El secretario provincial recordó que las denuncias en las escuelas pueden derivar en la apertura de una causa sobre intimidación pública, de acuerdo al artículo 211 del Código Penal. Asimismo apuntó que el Poder Ejecutivo «irá a fondo» a la hora de pedir un resarcimiento económico por fuera de la investigación judicial con el fin de cubrir los gastos de los operativos policiales.
¿Por qué se multiplicaron las denuncias de amenazas en Santa Fe?
En las escuelas del centro y norte santafesino se sumaron 32 amenazas nuevas este lunes. Una decena corresponde a la ciudad de Santa Fe, mientras que otras cinco se reportaron en Reconquista y cuatro corresponden a Avellaneda.
«Los motivos por los cuales se viraliza esto pueden ser muchos. Quizás tengamos que replantearnos el rol de las redes sociales en la cotidianeidad de nuestros hijos y nuestros adolescentes«, propuso Santantino. Algo similar había planteado la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, en los primeros días posteriores al ataque que derivó en un homicidio y la internación de otros dos alumnos de la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno.
El funcionario consideró que no hay punto de comparación con el asesinato perpetrado el último 30 de marzo por un estudiante de 15 años. De acuerdo a su análisis, las denuncias posteriores se refieren a bromas preocupantes «frente una tragedia tan grave como la que atravesó a la comunidad de San Cristóbal».
El secretario provincial hizo una distinción dentro del diagnóstico general del conflicto en las escuelas. «Algunas son simplemente alguna inscripción en una pared que a veces tiende a pasar desapercibida, se borra simplemente con un trapo», indicó. En cambio, advirtió que «las comunicaciones en grupos de redes sociales tienen un grado mayor de preparación». Finalmente, aclaró: «Una situación tiene el mismo grado de gravedad que la otra».
Mientras el Estado redobla esfuerzos para resolver el conflicto que generó el crimen en San Cristóbal, el gobierno de Santa Fe no sólo apuesta a las sanciones judiciales para frenar las falsas amenazas. «Esperamos que el principal efecto disuasivo venga por el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa», manifestaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Santantino enfatizó que «ninguna de las amenazas queda sin registrar» en las escuelas. No obstante, también sostuvo que el diálogo con la familia y entre los propios jóvenes es fundamental para resolver el tema. En este sentido, sugirió: «Sería muy bueno ver a los centros de estudiantes trabajando de manera fuerte para que todos sus pares entiendan la gravedad de esto que parece una joda. Primero porque duele socialmente y luego porque tiene un costo».
El enfoque de Santa Fe no es excepcional. Así como un adolescente fue detenido en Pérez por una denuncia de intimidación pública, en la provincia de Córdoba imputaron a dos jóvenes de 16 años vinculados a episodios similares. Ambos fueron acusados por amenazas agravadas por el anonimato.
