El oficialismo busca ahorrar más de 200 millones de dólares con la supresión de las primarias. La UCR presentó un proyecto propio para que sean optativas y los gobernadores aliados de Tucumán y Catamarca ya adelantaron su rechazo.
El camino de la reforma electoral impulsada por Javier Milei se encuentra con sus primeros obstáculos de peso en el Senado. A pesar de la necesidad de alcanzar una mayoría absoluta (37 votos), La Libertad Avanza (LLA) mantiene su postura de eliminar definitivamente las PASO, tildándolas de «experimento fallido» que solo en 2023 costó $45.000 millones.
Sin embargo, el bloque de la UCR, liderado por Eduardo Vischi, presentó una contrapropuesta: que las primarias se mantengan pero con carácter optativo. Desde el radicalismo, el senador Maximiliano Abad advirtió que «la democracia no es un gasto administrativo» y rechazó que las decisiones vuelvan a quedar exclusivamente en manos de las cúpulas partidarias.
Los frentes de conflicto
La negociación no solo está trabada por las PASO; otros tres puntos generan cortocircuitos con los sectores dialoguistas:
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Financiamiento partidario: El Gobierno propone reducir drásticamente el aporte público en favor del privado. La UCR objeta esto por considerar que la participación política no puede quedar reservada a quienes tienen más recursos.
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Boleta Única de Papel (BUP): Existe una discrepancia central sobre la unificación de ofertas nacionales, provinciales y municipales en una sola boleta, lo que para Abad generaría problemas logísticos y afectaría el federalismo.
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Gobernadores en contra: Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), aliados estratégicos de LLA, ya expresaron su rechazo a la eliminación de las primarias, lo que pone en duda los votos necesarios para la aprobación.
Puntos clave del proyecto oficial (79 artículos):
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Eliminación de las PASO: Argumentan un ahorro superior a los 200 millones de dólares.
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Ficha Limpia: Implementación de restricciones para candidatos con condenas.
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Parlamento del Mercosur: Fin de la elección directa; los legisladores serían designados indirectamente por el Congreso.
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Tratamiento: El debate iniciará la próxima semana en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto.
El ministro del Interior, Diego Santilli, y la diputada Romina Diez ratificaron que el objetivo es que cada espacio político ordene sus candidaturas «sin hacer pagar a los argentinos ese costo». Con los números ajustados, el Gobierno no descarta una «suspensión transitoria» si no logra torcer el brazo de sus aliados.
