El Gobierno Nacional presentó un nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de incentivar a más contribuyentes a blanquear y formalizar sus ahorros en moneda extranjera. El Ministro de Economía, Luis Caputo, y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, encabezaron la presentación junto a un equipo de contadores y tributaristas que sugirieron modificaciones sobre la ley aprobada en diciembre pasado. El funcionario anticipó que la iniciativa ingresará este jueves al Poder Legislativo.
Según estimaciones del Banco Central (BCRA) citadas por Caputo, existen unos US$ 170.000 millones fuera del sistema bancario, una cifra que cuadruplica los depósitos actuales. «Tampoco nos sirve como país que estén debajo del colchón. Necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más», señaló el ministro, tras advertir que guardar el dinero fuera del sistema «es un muy mal negocio» porque pierde valor. El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que el propósito central es elevar los niveles de inversión: «Necesitamos que se vuelquen al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, genere mayores recursos y un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos».
Caputo enfatizó que la esencia del proyecto se mantiene intacta. «El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad», aclaró. Por su parte, Ibarzabal Murphy explicó que las reformas buscan «robustecer la seguridad jurídica del régimen» y dar «la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar».
Las claves de las modificaciones
Los cambios principales se centran en ampliar el alcance del Régimen Simplificado de Ganancias y en flexibilizar los criterios ante posibles discrepancias fiscales.
- Ampliación del universo de contribuyentes: Se eliminan por completo los topes de ingresos y los límites patrimoniales. El régimen ahora queda habilitado para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Los catalogados como «Grandes Contribuyentes» podrán sumarse a la «modalidad simplificada» para que el fisco les preliquide el impuesto y facilite el pago, aunque no recibirán los beneficios, efectos liberatorios ni presunciones de la ley.
- Margen de discrepancia significativa: El organismo recaudador (ARCA) considerará que existe una discrepancia si detecta un aumento en el impuesto determinado o una baja en los quebrantos impositivos (un ajuste técnico que reemplaza el término «saldos») menor al 15%. Si la diferencia supera ese 15%, el contribuyente no quedará excluido del régimen si el monto nominal reclamado no llega al 5% del umbral mínimo de evasión ($5 millones).
- Carga de la prueba y opción de rectificativa: Se invierte la carga probatoria en favor del contribuyente. ARCA ya no podrá basarse en presunciones para alegar una discrepancia significativa; deberá usar únicamente los datos declarados, sus sistemas propios o información de terceros. Además, para evitar la expulsión del régimen, el usuario tendrá la chance de presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia (con intereses) en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la notificación. En la ley previa, esta alternativa de salvataje se limitaba al uso de facturas apócrifas.
- Restablecimiento de beneficios y devolución ágil: Si el contribuyente abona el ajuste exigido para resguardar su permanencia y luego la impugnación de ARCA es revocada, recuperará la presunción de exactitud a su favor. Ante este escenario, el fisco deberá reintegrar el dinero cobrado con los intereses de repetición correspondientes en un plazo que no supere los 45 días hábiles a partir de la resolución firme.
Fuente: Noticias Argentinas
