El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei por 37 votos a 33, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y varios senadores provinciales. En contra se posicionaron el interbloque justicialista, Convicción Federal y legisladores de fuerzas provinciales de Santa Cruz, Salta, Tucumán y Neuquén.
Para alcanzar la sanción, el oficialismo debió realizar importantes concesiones ante las exigencias de los bloques dialoguistas y los gobernadores. Esto obligó a recortar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales (extranjerización de la tierra) y a retirar por completo las reformas a la Ley de Manejo del Fuego, ya que los aliados rechazaron flexibilizar las prohibiciones vigentes sobre el uso de suelos tras los incendios. En tanto, el bloque de desalojos se aprobó con 36 votos debido a la abstención de la chubutense Edith Terenzi.
El núcleo de la iniciativa aprobada establece límites estrictos a las expropiaciones estatales y acelera los desalojos por ocupaciones ilegales mediante la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario actual para reducir los plazos judiciales. Según explicó el libertario Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el espíritu de la norma es proteger la propiedad privada según el artículo 17 de la Constitución y evitar que las demoras de la justicia castiguen a los propietarios.
El debate en el recinto estuvo marcado por fuertes cruces y denuncias de la oposición, como las de Daniel Bensusán y Ana Marks, quienes criticaron que el dictamen final se entregó sin firmas ni membretes apenas una hora antes de la sesión. Marks también cuestionó la falta de políticas de alquiler y la visión mercantil de la tierra, mientras que el jefe de la bancada peronista, José Mayans, calificó el proyecto de «asco» e «inconstitucional», argumentando que busca beneficiar al sector privado impidiendo que el Estado recupere bienes o empresas.
En la vereda opuesta, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la ley afirmando que repara injusticias del pasado y protege a los ciudadanos frente a organizaciones mafiosas que usurpan tierras. En sintonía, los senadores libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Nadia Márquez enfatizaron la necesidad de dar reglas claras y previsibilidad para atraer inversiones, un punto sobre el cual el radical Maximiliano Abad reparó al señalar que el verdadero motor para los inversores será la estabilidad y la solidez institucional.
