El vicepresidente segundo de Fisfe Victor Sarmiento enumeró las dificultades que enfrenta la industria en un contexto de caída del consumo, aumento de los costos y apertura de las importaciones.
Hace unos días, el ministro de Economía Luis Caputo, durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa dijo que la industria cayó 10% entre 2011 y 2023 a pesar de estar subsidiada, y se lo enrostró a “todos los tarados que hablan de la industria». Todo esto ocurre en un contexto donde la industria argentina viene cayendo (1,8% interanual en junio de 2026, 3% en el primer semestre), según la UIA, lo que alimentó el reclamo del sector.
La reacción no tardó: la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) respondió que el exabrupto del ministro «no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas» para reactivar la economía. También el presidente de la UIA, Martín Rappallini, cuestionó las declaraciones, y desde Santa Fe, Walter Andreozzi, secretario de Fisfe, dijo sentir «vergüenza» por los agravios y habló de una «matriz de destrucción» que golpea la producción y el empleo.
Ante el repudio generalizado, Caputo salió a matizar sus dichos en redes sociales, asegurando que nunca dijo «tarados» a los industriales, sino a quienes defienden el modelo económico anterior, el que según él hizo crecer el déficit, la inflación y la pobreza.
En una entrevista en el programa “Hecho en Santa Fe”, que se emite los sábados de 11 a 13, el vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento, cuestionó los agravios del Gobierno nacional y sostuvo que la descalificación “no forma parte de la respuesta que la industria necesita ante los problemas que atraviesa”. Además, remarcó que ese no es el modo en que el sector está acostumbrado a trabajar ni la forma en que debería darse el debate en un país democrático.
-Detrás del comunicado que ustedes difundieron esta semana —el segundo en semanas consecutivas— vuelve a aparecer un pedido de respeto y diálogo. El primero había surgido tras los agravios de Javier Milei a Lula en Brasil, que derivaron en un conflicto diplomático inusual con nuestro principal socio comercial y, especialmente, con el principal destino de las exportaciones industriales santafesinas. En este nuevo pronunciamiento, Fisfe vuelve a reclamar una mesa de trabajo, políticas industriales y una respuesta ante la difícil situación del sector. En ese marco, ¿qué panorama trazan hoy sobre la industria de Santa Fe, teniendo en cuenta que es una de las principales generadoras de empleo de la provincia?
Lo primero que quiero ratificar es la coherencia con la que siempre hemos planteado los problemas que atraviesa el sector industrial: con respeto y buscando articular con los Estados municipal, provincial y nacional, aunque lamentablemente hoy el Gobierno nacional no nos escucha. La industria enfrenta una fuerte caída de la actividad, pérdida de competitividad, aumento de costos e incertidumbre para invertir. Y para las pymes esas inversiones son clave, porque permiten sostener el empleo. Por eso reclamamos políticas públicas que promuevan el desarrollo, en lugar de estigmatizar al sector. Hay algo que la sociedad debe comprender: no existe en el mundo un país de más de 45 millones de habitantes que pueda ser inclusivo sin un modelo de desarrollo industrial. El actual modelo económico se apoya en gas, petróleo, minería y parte del agro, pero eso no alcanza para incluir a toda la sociedad.
-Víctor, lo que ustedes vienen planteando desde hace tiempo suma cada vez más voces, incluso entre economistas. El viernes, en Santa Fe, Martín Rapetti señaló algo similar y puso un ejemplo concreto: aun si los sectores que el Gobierno presenta como motores de la economía funcionaran bien que son agro, energía; no alcanzarían siquiera para elevar las exportaciones per cápita al nivel de Chile. Es decir, sin industria y sin servicios profesionales de calidad, no habría forma de que el país crezca y se desarrolle de manera sostenida.
–Es tan cierto lo que decís que, por momentos, parecemos reiterativos o quejosos. Pero ya no sabemos cómo hacer para que la sociedad comprenda la situación que atraviesa la industria, aunque muchos ya la están padeciendo. También vemos un doble discurso del Gobierno nacional: cuestiona la protección que tuvo la Argentina durante décadas, pero al mismo tiempo admira a Donald Trump, que protege a su industria con aranceles y trabas paraarancelarias. El problema no es abrir o cerrar la economía, sino equilibrar las condiciones de competencia y reducir el costo argentino, que es lo que venimos señalando desde hace tiempo.
–Víctor, si el Gobierno nacional sostiene que la industria argentina debe adaptarse a una nueva realidad económica, sin protección ni subsidios, y competir por sí misma, ¿qué parte de esa adaptación está dispuesta a asumir el sector y qué considera indispensable que aporte el Estado?
-Lo primero que hay que dejar claro es que una transformación de este tipo no puede hacerse de un día para el otro. Durante la campaña, el actual presidente dijo que les daría dos años a los industriales para prepararse antes de exigirles competir en otras condiciones. Sin embargo, al mes y medio de asumir comenzó a eliminar trabas y abrir las importaciones, lo que obligó a la industria a replegarse rápidamente, sin tiempo real para adaptarse ni competir.
El problema es que seguimos en un escenario de desigualdad, atravesado por el costo argentino. Y esto no se trata de quejarse ni de pedir privilegios, sino de sentarse a una mesa y discutir cómo crear condiciones razonables. La industria argentina está preparada para competir y cuenta con estructuras capaces de adaptarse, pero también hay que entender que, en Santa Fe, el 80% de la industria manufacturera está compuesto por pymes: pequeños y medianos empresarios con 5, 10, 15 o 20 empleados, que dependen en gran medida de las inversiones de las empresas más grandes.
Un ejemplo claro es el del Frigorífico Recreo, que acaba de inaugurar su planta de rendering tras una inversión cercana a los 5,5 millones de dólares.
Toda la tecnología, la infraestructura, el equipamiento, los sistemas de aspiración y control ambiental, y las obras eléctricas y civiles de ese proyecto fueron desarrollados por cuatro empresas santafesinas: dos de Esperanza y dos de Santa Fe. Ahí se ve con claridad cómo una inversión industrial derrama en pueblos y ciudades más pequeñas, donde están radicadas muchas pymes.
A nosotros no nos gusta tener que ocuparnos de estos debates. Lo que sabemos hacer es trabajar, reunirnos y ofrecer nuestras capacidades. Pero estamos convencidos de que el crecimiento del país depende de un modelo de desarrollo industrial.
La Argentina no tiene futuro para todos sin desarrollo industrial. Lo hemos repetido muchas veces y seguiremos insistiendo, aunque parezca que no nos escuchan.
-No hay forma de construir un país integrado sin industria, tecnología, ciencia y técnica.
Además, hay que integrar la tecnología y el desarrollo para transformar la materia prima y lograr un equilibrio productivo. No podemos ser un país únicamente extractivista, ni depender solo de la energía o el gas. Te doy un ejemplo.
Una tonelada de soja, cargada en un barco, se paga en el mundo entre 350 y 400 dólares. Pero si esa misma soja se transforma en aceite, su valor puede llegar a 2.800 dólares por tonelada y generar cuatro o cinco puestos de trabajo. Por eso hay que explicar con claridad de qué hablamos cuando defendemos la industria. Compartimos la necesidad de equilibrio fiscal y de cuentas ordenadas, pero también hay que preguntarse a qué costo se alcanza ese objetivo.
No alcanza con mostrar superávit si al mismo tiempo se paraliza la obra pública y no se invierte en infraestructura. Hace años que no se hacen las obras necesarias, y eso también impacta en la industria argentina.
-Las rutas están en muy mal estado y, tarde o temprano, habrá que destinar recursos para repararlas.
La escalada verbal del Gobierno no hace más que profundizar la polarización y deteriorar la imagen institucional. Desde la industria ratificamos nuestra voluntad de diálogo, con respeto y transparencia, como lo hacemos con los gobiernos locales y con la provincia. Lo que necesitamos es política y una mesa de trabajo seria.
Un empleo industrial es un trabajo bien pago, registrado y con cobertura social. También es un trabajo protegido, con ART y condiciones laborales formales. Además, genera un derrame directo en la comunidad: quien trabaja en una industria compra en los comercios, va al supermercado, carga combustible y accede a bienes para su hogar. Esa es, en definitiva, una de las formas más concretas de desarrollar un país.
–En el comunicado, ustedes mencionan cuatro problemas concretos: caída de la actividad, pérdida de competitividad, aumento de costos e incertidumbre para invertir y sostener el empleo. A ese escenario ahora se suma el incremento del costo de la energía. ¿Cuánto puede agravar esta situación a las industrias del país y hacia dónde se trasladará ese aumento?
El aumento golpea de manera directa a quienes producen. ¿Dónde va a terminar ese incremento de más del 500% que Cammesa aplica a más de 340 empresas electrointensivas que consumen más de 300 kW? En los costos de producción de los frigoríficos, las lácteas, en quienes elaboran queso, pan y otros alimentos.
Cuando los costos suben de esta manera, tarde o temprano se trasladan a los productos. El Gobierno puede garantizar que el aumento no llegará de forma directa a las facturas de los hogares, pero las familias terminarán pagándolo en los precios.
Eso lo sabe la industria y también lo advierte el Gobierno provincial, que está buscando alternativas para mitigar el impacto. Sin embargo, más allá de algún plazo o esquema de pago diferido, el costo seguirá existiendo y alguien tendrá que absorberlo.
– ¿Cómo es hoy la relación con el Gobierno nacional? ¿Los reciben, pero no los escuchan, o directamente no los atienden?
-Nosotros hacemos los planteos como corresponde, principalmente a través de las instancias provinciales y de la Unión Industrial Argentina.
En los actos y espacios de intercambio queda claro que no siempre existe una disposición real a escuchar. Fisfe tiene representación en la UIA y los reclamos se canalizan por esa vía institucional. El presidente de la Unión Industrial Argentina se reúne con el secretario de Industria y le transmite los problemas del sector, pero los resultados no llegan. Por eso también planteamos que es necesario endurecer el diálogo o, al menos, la comunicación pública, porque el tiempo pasa y las respuestas siguen sin aparecer.
Como federación, trabajamos de manera sostenida con el Ministerio de la Producción de Santa Fe para construir una estrategia común y amortiguar el impacto de la crisis. Un ejemplo concreto es la estabilidad fiscal, una herramienta que Fisfe viene impulsando desde hace más de diez años con distintos gobiernos provinciales.
Esa garantía permite que la industria no vuelva a pagar entre un 3% y un 3,2% de Ingresos Brutos. Si ese costo regresara, terminaría incorporándose a los precios de los bienes que consume la sociedad. A nivel nacional, en cambio, las cámaras del interior no nos sentimos escuchadas, y aunque la UIA sostiene una estrategia de diálogo, creemos que ese intercambio debería ser más profundo. Para mi gusto, el marco del diálogo tendría que ser un poco más profundo.
-También hay que tener en cuenta la diversidad del sector industrial: diferencias regionales, distintos tamaños de empresa e intereses no siempre coincidentes entre exportadores, grandes compañías y pymes. Esa heterogeneidad, muchas veces, obliga a moderar la forma en que se plantean los reclamos.
Si no incorporamos la mirada de las pequeñas y medianas industrias, y seguimos pensando solo en la macroeconomía y en las grandes empresas, vamos a continuar con dificultades. Las compañías de mayor tamaño cuentan con estructuras previas, acceden antes a la información y tienen más herramientas para protegerse. En cambio, las pymes industriales representan una parte central del sector: concentran cerca del 80% de los trabajadores ocupados y, en la Argentina, emplean de manera directa a alrededor de 1,2 millones de personas, además de otras 2,4 millones vinculadas a su actividad.
El trabajo industrial es clave por su impacto en la producción y en la recaudación del Estado, a la que aporta entre el 20% y el 25%. Por eso, la industria tiene un peso decisivo en la economía. No hablamos solo de empresas públicas o de un sector puntual, sino de una red productiva amplia, integrada por industrias y transformadores de materias primas que generan valor, empleo y actividad en todo el país.
-El INDEC informó una caída de la actividad industrial del 2,2% en el primer semestre respecto del mismo período del año pasado. En Santa Fe, los datos disponibles muestran una baja cercana al 4,4% en lo que va del año, y todo indica que junio mantendría una tendencia similar o incluso algo peor. En ese contexto, ¿qué expectativas tiene la industria santafesina para el segundo semestre?
-Lo primero que hay que entender es que una caída del 4,3% no es un dato menor: en lo que va del año representa alrededor de 9.000 puestos de trabajo menos.
Esa pérdida se produce por goteo y por eso todavía no siempre se advierte con claridad. En regiones como la nuestra, donde existe un polo industrial vinculado al gas, al petróleo y a la minería, la actividad se mantiene en mejores condiciones.
Eso es lo que vemos en Esperanza y en la región. Las industrias lácteas también siguen trabajando, pero hay otros sectores que llevan más de un año en caída sostenida.
La expectativa para los próximos seis meses es similar a la que tuvimos durante el primer semestre. No vemos señales claras que permitan afirmar que la actividad se va a reactivar o que las inversiones van a despegar. Una de las razones principales es la falta de crédito.
Sin financiamiento accesible, una industria o un productor agropecuario no puede comprar maquinaria, equipamiento o insumos de capital. Y si no hay crédito, difícilmente haya nuevas inversiones.
Valoramos los subsidios de tasa que impulsa el Gobierno provincial, pero alcanzan solo para una parte del problema.
-Si no se recompone el mercado interno, no habrá un factor capaz de reactivar la economía. Por eso la inversión viene cayendo desde hace cuatro trimestres, tanto la directa como la extranjera directa, pese al RIGI.
-Pero el RIGI no necesariamente se traduce en derrame de trabajo local. Puede impactar en algunas localidades, como ocurre en San Juan con el proyecto de la empresa Vicuña, que prevé una inversión de 110 millones de dólares.
Sin embargo, durante el primer año o año y medio, buena parte de esas inversiones se concentra en movimiento de suelo, apertura de caminos y obras iniciales. Y cuando llega el momento de comprar los módulos para alojar a miles de trabajadores a 4.000 metros de altura, muchas veces esos insumos se adquieren en China. Al menos una empresa santafesina podría participar del montaje, pero el derrame productivo local sigue siendo limitado.
Un ejemplo distinto aparece en el consumo cotidiano: crecen con fuerza las inversiones en alimentos para perros y gatos, porque existe un mercado interno importante y también oportunidades de exportación. Pero, fuera de esos nichos, la situación general sigue siendo muy compleja.
