Los siete aspirantes a cadetes de la Escuela Penitenciaria de la ciudad de Santa Fe fueron imputados formalmente este martes en los Tribunales locales por los delitos de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas en concurso real con lesiones leves. La atribución fáctica fue llevada adelante por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial Gefas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Detalles de la agresión y declaración de los acusados
Durante la audiencia, la representante del MPA detalló que los acusados —de entre 18 y 29 años y sin antecedentes penales— abordaron a la víctima, un joven de 19 años, en un vestuario. Allí lo arrojaron al suelo, lo golpearon, lo patearon y luego procedieron a realizarle manoseos por debajo de los pantalones. La secuencia fue interrumpida gracias a la intervención de tres compañeros que rescataron al joven agredido.
Por su parte, cuatro de los siete acusados prestaron declaración durante la jornada e intentaron desligarse de la imputación alegando no haber estado en el lugar de los hechos.
Práctica habitual y medidas institucionales
La fiscal Moser Ferro descartó que el ataque se tratara de un hecho aislado. «No fue un rito de iniciación ni una broma. Según lo que manifestó la víctima, era una práctica habitual que ya hacía bastante tiempo que ocurría», sostuvo. Asimismo, precisó que la investigación penal se inició formalmente tras la denuncia radicada por el propio subdirector del Servicio Penitenciario de Santa Fe, y aclaró que por el momento se descartó el análisis de cámaras de videovigilancia internas.
En el plano administrativo e institucional, la funcionaria indicó tener conocimiento de la emisión de un decreto provincial que dispone la separación definitiva de los involucrados del trayecto formativo estatal.
El viernes se tratará la prisión preventiva
La próxima instancia decisiva del proceso tendrá lugar este viernes en la audiencia de medidas cautelares, donde la fiscalía solicitará la prisión preventiva de los siete acusados por considerar que existe un claro riesgo de entorpecimiento procesal.
Moser Ferro argumentó que la pérdida de su condición de aspirantes y la falta de arraigo laboral formal configuran un riesgo procesal de fuga, sumado a la posibilidad de que interfieran en la recolección de las declaraciones testimoniales de los demás alumnos de la Escuela Penitenciaria.
