En la capital de Paraguay se viven escenas que hacen recordar lo que la Argentina vivió hace exactamente 25 años, cuando un corralito provocó que miles de ahorristas se quedaran impedidos de acceder a su dinero. Por ahora, en Asunción pasa solo en Ueno Bank, donde ahorristas y empleados de la entidad se enfrentaron con la policía, que no los dejaba acercar a la sede bancaria, ahora cerrada de manera preventiva por el Banco Central de Paraguay (BCP).
El presidente Santiago Peña demoró casi 12 horas en habilitar un mecanismo que le permita a los ahorristas tener alguna certeza sobre sus dineros. A través de un tuit, primero avisó que Carlos Carvallo dejaba de ser el titular del BCP, para luego anunciar que el Congreso debatiría la sanción de una ley “que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas”. Anoche continuaban las protestas donde se reclama la renuncia del mandatario paraguayo. Mientras, la totalidad de los integrantes del directorio ya habían sido detenidos por orden judicial. En tanto, la oposición política planteaba la posibilidad de llevar adelante un juicio político contra Peña.
Ueno Bank comenzó como una financiera que rápidamente creció y se convirtió en un banco digital masivo que captó cientos de miles de clientes, pero además, sumó depósitos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS) que es la entidad que administra los fondos de los jubilados. Según sostienen medios paraguayos, el IPS mantenía inversiones de aproximadamente 355 millones de dólares (alrededor del 9 % de su cartera) en Ueno.
El crecimiento exponencial y veloz de Ueno llevó a que la entidad se convirtiera en el principal auspiciante de los equipos de fútbol Cerro Porteño, Olimpia y también de la Conmebol. Es más, en Paraguay se habla de que Ueno está muy relacionado con el presidente Peña.
El desarrollo vertiginoso del banco impidió ver, al menos hasta el mes pasado, que había problemas como la falta de solvencia para poder respaldar todo el movimiento de dinero que tenía la entidad.
Sin embargo, comenzaron a aparecer filtraciones preocupantes sobre datos y memorándums de la Superintendencia de Bancos que daban cuenta de “excesos” en autopréstamos que se realizaban a través de empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de Ueno, y que, según información periodística, superaban la liquidez de la entidad.
Ese ruido en las redes sociales y medios de comunicación hizo que las entidades del Estado pusieran más atención en lo que sucedía puertas adentro. El BCP constató que Ueno ya no contaba con el capital mínimo necesario para garantizar su solvencia.
Fue entonces que el Grupo Vázquez buscó calmar los ánimos de los ahorristas al anunciar que aplicarían un plan de capitalización de urgencia por USD 100 millones. Una primera cuota, a efectivizarse en los primeros días de este mes de noviembre, de 50 millones de dólares. Sin embargo, no llegó a tiempo para cubrir el faltante constatado por la Superintendencia de Bancos.
De inmediato se abrió una investigación judicial. Los fiscales a cargo ordenaron la detención del directorio del banco y la realización de allanamientos en sus domicilios. Uno de los detenidos es Miguel Vázquez, miembro del directorio de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, que se entregó a la Policía Nacional.
Peña tardó casi 12 horas en dar una respuesta a los reclamos que fueron creciendo en la capital paraguaya. Por lo pronto, suspendió su viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana. Luego, tras mucho debate interno, publilcó un tuit.
“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (Carlos Carvallo). Además, acordamos con los presidentes de ambas Cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas”.
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Peña también anunció que “esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas. Insto a los legisladores de todos los sectores a aprobarlo con la mayor celeridad. El Banco Central debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados. Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la justicia, sin excepciones y sin privilegios”.
Todo indica que la crisis está lejos de encontrar una solución. Este martes, la oposición política está trabajando en un borrador de juicio político y conversando con todos los sectores para presentar el proyecto. “Hay que construir mayorías”, afirmó el senador de la oposición Rafael Filizzola durante una entrevista radial. Añadió que “hay muchísima gente afectada, el IPS está afectado, pero millones de personas porque este banco tiene millones de clientes”.
Sostuvo que la reacción del BCP “parece fuera de lugar, pidiendo tranquilidad, que les dejen trabajar en paz cuando ellos son la parte principal del problema, mirando para otro lado durante todo este tiempo”.
