La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, tras recibir numerosas presentaciones de ciudadanos con problemas por estafas virtuales, emitió, en septiembre del 2022, una resolución que envió a distintas cámaras que aglutinan entidades bancarias y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde instaba a incorporar una serie de medidas con el fin de prevenir a los usuarios de estafas virtuales.
En estos días, los defensores Gabriel Savino y Jorge Henn recibieron la respuesta del Banco de Santa Fe donde detalla el estado en que se encuentran las distintas medidas que la Defensoría solicitó implementar y, a su vez, recibieron una comunicación del BCRA donde manifiesta estar al tanto de estas medidas de implementación a las cuales les está realizando un seguimiento. En ese sentido, enfatizaron: “Escuchamos las necesidades de los ciudadanos y las entidades aceptaron nuestro rol de intermediarios y pusieron manos a la obra para proteger los derechos de los ciudadanos, eso nos genera gratitud y nos impulsa a seguir esforzándonos en la tarea”.
Entre las medidas que el Banco de Santa Fe está poniendo en marcha por solicitud de la Defensoría del Pueblo se encuentra un sistema de alertas mediante la notificación al usuario cuando se accede a algún canal electrónico mediante un dispositivo nuevo; la red de atención y monitoreo todos los días durante las 24 horas; la implementación de Apps por módulos en donde el usuario acepte qué movimientos y/o operaciones va a tener habilitado; el control permanente y preventivo en los buscadores de internet, de modo de detectar la publicación de sitios falsos y el monitoreo de transacciones.
En este sentido, la entidad bancaria también señaló que tiene en marcha una importante y creciente campaña de prevención de fraudes, tendiente a informar y concientizar a los clientes de la entidad, para que operen en forma más segura en los canales y medios electrónicos que se ponen a disposición.
Por último, los defensores del Pueblo destacaron que la entidad bancaria también informó que, a partir de las medidas implementadas, el Banco informó que registró una disminución en relación a los casos denunciados por los usuarios.
La solicitud que realizó la Defensoría
En noviembre pasado, Savino y Henn habían solicitado al BSF que, “en el marco de las regulaciones existentes incrementen las acciones preventivas para aquellas operaciones mediante canales electrónicos que no cumplen con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad conforme con registros que deben contar y que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente posibilitando advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario”.
También le solicitaron a la entidad financiera que, “además de requerir la confirmación o revalidar la instrucción del cliente mediante un segundo factor, por ejemplo un token dinámico, secretos compartidos, tarjeta de coordenadas, PIN, PIL, entre otras, en los casos en que no se cumple con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad, verificar la identidad del cliente mediante técnicas de identificación positiva”. Y que a esto se le sume la validación a través de datos biométricos.
En ese contexto, la institución defensora de derechos insistió con un pedido que ya había cursado anteriormente respecto de la necesidad de que se “provea una red de atención y monitoreo denominada 24/7 según terminología del Convenio de Budapest de las transacciones y operaciones de los usuarios/clientes”.
También se le había recomendado al Banco profundizar la difusión en forma masiva de información y alertas de estafas, mediante la realización de campañas de “concientización sobre ciberfraude y la importancia del resguardo de los datos personales de usuarios y clientes”.
Respecto de la atención de los casos de estafa ya concretados, la Defensoría del Pueblo le había solicitado al BSF “el abordaje de todas las denuncias recibidas y dar una respuesta particular a cada una de ellas, teniendo en cuenta los hechos, pruebas obrantes, vulnerabilidad del usuario, perjuicio sufrido, controles efectuados por la entidad, patrones y alertas, evitando desconocer automáticamente su responsabilidad con la única argumentación de la proporción de datos de accesos a los canales electrónicos por parte del/la usuario/a”.
Por último, el organismo provincial pidió al agente financiero oficial la implementación de un “Botón de Congelamiento de Cuentas” para que el usuario tenga la posibilidad de inhabilitar los movimientos bancarios en caso de detectar movimientos extraños en relación a su comportamiento transaccional habitual.
Fuente: El Litoral
