El Gobierno de Santa Fe comenzó a notificar y ejecutar demandas civiles contra los familiares de niños y adolescentes responsables de realizar falsas amenazas en escuelas, en medio de la conmoción por el caso de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años fue armado y mató a un compañero de 13, dejando además a otros estudiantes heridos.
La medida apunta al resarcimiento económico por los altos costos operativos que implican los despliegues de seguridad y emergencias. Según se informó, ya hay 15 expedientes iniciados en instituciones educativas de la ciudad de Santa Fe, Rosario y otras localidades, que se suman a la demanda millonaria difundida recientemente contra los padres de un alumno involucrado en este tipo de hechos.
La vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, confirmó el avance de las intimaciones administrativas y aseguró que la estrategia tuvo un impacto inmediato: las comunicaciones intimidatorias bajaron de picos cercanos a 90 reportes diarios a apenas 15 en toda la provincia.
El primer caso que trascendió ocurrió en la ciudad de Santa Fe, donde se reclamó a una familia una suma cercana a los seis millones de pesos. El episodio tomó notoriedad luego de que el padre del adolescente involucrado, al ser notificado por agentes del Ministerio de Justicia y Seguridad, señalara que le salía “cara la jodita”.
“Decíamos hace un tiempo que no es broma. Es un delito y el delito se paga. Y esto es un ejemplo”, sostuvo la vocera. Además, detalló que los expedientes se arman con información aportada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los reclamos alcanzan a familias de distintas localidades, entre ellas Santa Fe, Capitán Bermúdez, Reconquista y Rosario.
El monto exigido corresponde exclusivamente a la movilización de recursos estatales que deben activarse ante cada amenaza, lo que implica evacuaciones escolares, intervención de fuerzas de seguridad y protocolos de emergencia. Estas situaciones no solo generan un costo económico, sino que también afectan el normal dictado de clases.
Baja de casos y vía penal
Uno de los puntos más destacados por el Gobierno es la drástica caída de las amenazas tras el anuncio de las medidas. “Tuvimos días de 87 y 75 llamadas, y ayer cerramos en 15”, precisó Coudannes.
“Esto habla de políticas efectivas, no solo por el costo del operativo, sino por el mensaje que se da”, agregó.
Finalmente, desde la Provincia aclararon que la vía civil no reemplaza a la investigación penal: “Hay un proceso penal en curso. El pago no lo cancela, ambos caminos avanzan en paralelo”, concluyó la funcionaria.
