El Gobierno provincial identificó a 73 responsables, de los cuales el 95% son menores de edad. Cada intervención policial y judicial tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
El Gobierno de Santa Fe, bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, inició el proceso legal para recuperar los gastos operativos generados por las falsas amenazas a instituciones educativas. Según confirmó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, ya fueron identificadas 73 personas, y debido a que la gran mayoría son menores, sus padres deberán afrontar las multas millonarias.
La medida busca desalentar lo que el Ejecutivo califica como un delito y no una broma. Se estima que cada despliegue de seguridad, que incluye personal policial, peritos y brigadas de explosivos, le cuesta al Estado entre 5 y 6 millones de pesos por intervención. El objetivo es que los adultos a cargo respondan económicamente por el daño ocasionado al servicio público.
Las cifras oficiales revelan la magnitud del conflicto: hasta el 21 de abril se registraron 404 denuncias en toda la provincia. En respuesta, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) coordinó 11 allanamientos y 16 requisas, logrando el secuestro de 51 elementos clave, entre los que se encuentran celulares, armas de fuego y proyectiles.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguraron que las investigaciones continúan abiertas para identificar al resto de los autores de las llamadas. Además del cobro de los operativos, la provincia sostiene que aplicará políticas de salud mental y seguridad para normalizar el dictado de clases en las zonas más afectadas por esta ola de amenazas.
Fuente: Telefe Santa Fe
