Bica nació como cooperativa en la segunda mitad de la década de 1970. Junto con la Caja Entrerriana de Créditos, la Cooperativa del Abasto y la Cooperativa de Crédito Santo Tomé, creó el Banco Bica, que comenzó a operar en 1978. La entidad funcionó como banco hasta 1997, cuando vendió su capital accionario al Banco del Suquía, y continuó como cooperativa de crédito. En 2012 fue autorizada nuevamente a operar como banco minorista y pasó a ser una de las tres entidades con sede en la provincia, junto con el Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario.
En “Hecho en Santa Fe”, el gerente general de Banco Bica, Mariano Angulo, analizó la gestión de la entidad, las ventajas y desventajas de operar a 500 kilómetros del centro financiero porteño, la situación del sistema y el impacto del aumento de la morosidad. También abordó los desafíos que plantea la digitalización de la actividad bancaria.
– ¿Los favorece o los perjudica ser un banco con domicilio en Santa Fe, que operara a más de 500 kilómetros del centro financiero nacional?
-Las ventajas superan ampliamente a las desventajas. Tenemos una marca con una larga trayectoria, muy reconocida en la región, que nos permite llegar a lugares donde a una entidad externa o poco conocida le resultaría más difícil ingresar. Aunque la casa central está en Santa Fe por razones logísticas e históricas, Bica nació con una fuerte vocación de operar en la región, especialmente en Santa Fe y Entre Ríos. Esa historia y el conocimiento que existe sobre nosotros en nuestra zona de influencia representan una gran ventaja; fuera de ella, donde la marca es menos conocida, el desafío es mayor. En cuanto a las desventajas, antes eran más marcadas porque crecer territorialmente exigía una presencia física. La digitalización de la banca redujo esa limitación. Hoy nuestro reto es consolidar un banco digital, respaldar la marca con solvencia y ampliar su reconocimiento más allá de nuestro mercado tradicional.
-Durante décadas, pagar una factura implicaba ir al banco, hacer fila y acudir a una ventanilla; incluso era un espacio de socialización, sobre todo para los jubilados. Hoy podemos resolverlo desde el teléfono en segundos. Sin embargo, cuando se necesita un crédito, se enfrenta una estafa o surge algún problema, las personas todavía buscan algo más que una pantalla: alguien que las escuche. ¿Coincide? En definitiva, ¿qué es hoy un banco y qué queda del modelo tradicional que conocimos?
-En mi opinión, queda muy poco de aquellos bancos, aunque estamos convencidos de que debemos preservar parte de ese modelo. Durante mucho tiempo dejamos de operar como banco y aprendimos a atender al cliente de otra manera. Sin embargo, eso no significa aferrarnos a la banca tradicional ni relegar la tecnología.
Hoy los bancos son, ante todo, empresas de tecnología. Casi ninguna operación exige ir a una sucursal, y queremos profundizar esa tendencia. A la vez, debemos garantizar una buena atención a quienes necesiten gestionar un producto, hacer una consulta o resolver un problema. Antes, la banca estaba centrada principalmente en retirar dinero, realizar pagos y atender cuestiones crediticias.
Ese modelo comenzó a transformarse a partir de 2001 y 2002, con la bancarización de las cuentas sueldo y el avance progresivo de la digitalización. Hasta entonces, los bancos funcionaban casi exclusivamente como custodios del dinero.
Hoy ni siquiera cumplimos primordialmente esa función, salvo en productos específicos. La actividad bancaria está cada vez más vinculada con la tecnología, y buscamos que la experiencia del cliente se desarrolle principalmente desde el celular. El cambio fue muy rápido: en pocos años pasamos de la atención presencial a la computadora y, luego, al teléfono móvil.
En ese proceso surgieron nuevos actores que modificaron el mercado. Estas empresas ofrecieron pagos digitales y otros servicios sin atención física, y obligaron a los bancos a replantear su estrategia. Así comprendimos que la competencia ya no era solo entre entidades bancarias, sino también con estos nuevos jugadores tecnológicos.
-El endeudamiento y la morosidad ocupan desde hace tiempo un lugar central en la discusión pública. ¿Cómo es la situación en Santa Fe? ¿Aumentaron la cantidad de deudores morosos y los niveles de mora respecto de los valores habituales? ¿Representa esto un problema serio para ustedes?
-Lo primero que hay que señalar es que la morosidad aumentó respecto de los niveles registrados hasta 2023. ¿Por qué? Durante la gestión nacional anterior había poco crédito y estaba muy focalizado. Además, los bancos concentraban gran parte de sus activos en instrumentos públicos, como las Leliq y otros mecanismos destinados a absorber pesos del mercado. El crédito al sector privado era reducido, incluso para los bajos niveles habituales de la Argentina. Con el cambio de escenario, los préstamos a ese sector comenzaron a crecer. Sectores que hasta entonces recurrían poco al financiamiento empezaron a tomar más crédito. Por eso, la mora del sistema es hoy mayor que en aquel período. El problema existe y puede afectar de manera puntual a alguna entidad, pero, en términos generales, los bancos son sólidos.
El indicador general también incluye a nuevos proveedores de crédito que penetraron con fuerza en el mercado y facilitaron préstamos casi de inmediato, con criterios de evaluación menos exigentes que los de las entidades financieras. Esto permitió que personas necesitadas de financiamiento accedieran a esos productos. La transición de 2024 a 2025, junto con algunos indicadores deteriorados y el rezago de los ingresos reales, concentró el problema principalmente en los créditos al consumo o a individuos, como los denomina el Banco Central. La mora existe, pero está focalizada en esos productos de consumo. Los bancos se encuentran en una posición más sólida que los proveedores no financieros surgidos en los últimos años. Sin embargo, muchos informes no distinguen entre ambos y terminan atribuyendo al sistema bancario atrasos que, en buena medida, corresponden a otros actores.
Hay que destacar dos aspectos: el sistema financiero argentino es sólido y cuenta con buenos niveles de capital y cobertura; lo mismo ocurre con la mayoría de los bancos, salvo alguna excepción puntual. Por lo tanto, la banca no atraviesa una crisis por este tema. El crédito corporativo —es decir, el destinado a empresas y separado del consumo— tampoco presenta niveles alarmantes de morosidad. Aunque veníamos de registros excepcionalmente bajos, la mora corporativa suele ubicarse entre el 3 % y el 5 %, según el sector. Los niveles actuales están muy lejos de umbrales generales del 15 % al 17 %, o de picos del 30 % en operaciones concentradas.
En síntesis, el crédito bancario mantiene una situación saludable. El tema cobró relevancia pública porque resulta preocupante en determinados sectores, y algunos medios y actores del mercado impulsaron pedidos de regulación al Gobierno. Consideramos que una regulación adicional no sería conveniente. El crédito necesita cierto margen de libertad para desarrollarse de manera genuina, especialmente porque el problema está focalizado en segmentos específicos y no en todo el sistema.
-No resulta fácil determinar quién tiene la responsabilidad: si el consumidor, el banco o el Estado por la falta de regulación. Esa es mi opinión; no sé si coincide.
-Sí, coincido. Además, 2025 fue un año muy volátil tanto para la actividad como para las tasas. Como suele ocurrir en períodos electorales en la Argentina, se generó un contexto de fuerte incertidumbre y tasas elevadas, con costos reales muy altos para el endeudamiento. Durante este año, esa situación comenzó a normalizarse. Por eso, el indicador de mora aumentó con rapidez, aunque luego dejó de deteriorarse. Los datos de los dos últimos meses incluso muestran una leve mejora y sugieren que se frenó la tendencia ascendente que el sistema venía registrando.
-Mariano, la Argentina suele señalarse como un caso problemático por la baja relación entre el financiamiento y el PBI. El país tiene un nivel de crédito muy inferior al de economías como Brasil o Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se debe a la desconfianza de las empresas en los bancos, a las altas tasas de interés o a otros factores?
-Sí. Creo que responde a una combinación de factores. El problema central es que la Argentina no logró consolidar estabilidad ni un horizonte de mediano plazo. Los bancos operan bajo reglas estrictas porque intermedian entre los depósitos del público y su colocación en activos, principalmente préstamos.
Los distintos episodios de la historia financiera argentina impidieron que el crédito alcanzara siquiera los niveles de países vecinos, pese a la importancia del financiamiento productivo para el desarrollo. Salvo algunos programas de incentivos implementados a lo largo de los años, hoy es muy difícil ofrecer préstamos de mediano o largo plazo. No se debe a una falta de voluntad de los bancos, sino a la imposibilidad de proyectar un escenario confiable a tres, cuatro o cinco años.
Por eso, en la Argentina se destaca tanto que una financiación sea a tasa fija y en pesos. Esa aclaración, habitual en las promociones comerciales, refleja una historia de fuertes cambios económicos y financieros que muchas veces dejaron a los deudores descalzados y sin capacidad para afrontar sus obligaciones.
En definitiva, es una combinación de factores. Aunque durante la gestión actual aumentó la relación entre el crédito y el PBI, todavía permanece muy por debajo de la registrada en países vecinos y, con mayor razón, en las economías desarrolladas. Para acortar esa brecha se necesita estabilidad macroeconómica y capacidad de planificación no solo a uno o dos años, sino a cinco, diez o veinte.
-Durante muchos años el Estado fue un gran demandante de fondos bancarios. Ahora el Gobierno busca orientar el crédito hacia empresas y particulares. A su juicio, ¿se trata de un cambio estructural o de una situación coyuntural?
-Ese cambio efectivamente ocurrió. Hasta noviembre de 2023, los activos de los bancos estaban concentrados en el sector público, mediante instrumentos del Banco Central o del Tesoro destinados a absorber el excedente de pesos de la economía.
Esa política buscaba contener la alta inflación, bajo la premisa de que tenía un origen monetario. La actual gestión modificó ese esquema y planteó que las entidades debían volver a cumplir su función tradicional: canalizar fondos hacia el crédito.
Esto ya se refleja en la composición de los activos: hoy los bancos tienen una mayor exposición al sector privado. Al mismo tiempo, el Banco Central, el Tesoro y otros organismos no abandonaron por completo la absorción de pesos, pero la realizan con menor intensidad o mediante mecanismos diferentes.
Sin embargo, el sistema aún no alcanzó un nivel óptimo de eficiencia. Los encajes siguen siendo elevados, aunque una parte esté remunerada. Para aumentar de manera sostenida la relación entre el crédito y el PBI, estas y otras distorsiones deberán resolverse de forma definitiva.
-En los últimos 60 días, el Gobierno adoptó dos medidas sobre las que quisiera consultarle. La primera prevé utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar créditos hipotecarios, una herramienta con antecedentes como el Procrear. ¿Está de acuerdo con la iniciativa? ¿Cree que existe demanda y por qué sigue siendo tan difícil desarrollar el crédito hipotecario en la Argentina?
-Sí. Son dos medidas recientes. Respecto de los créditos hipotecarios, todo lo que contribuya a dinamizar ese mercado es positivo, siempre que se traduzca en préstamos efectivamente otorgados. Detrás de cada hipoteca hay una vivienda, una empresa constructora y ventas de materiales y servicios. La experiencia demuestra que, cuando este financiamiento fluye, genera beneficios relevantes para el conjunto de la economía.
El Gobierno propone un mecanismo novedoso: utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que deben estar invertidos en activos de calidad, y ponerlos a disposición de los bancos mediante licitaciones. Las entidades competirán por esos fondos y los canalizarán hacia familias que necesiten comprar o construir su vivienda única. El aspecto pendiente es el descalce de plazos: los bancos recibirían depósitos de uno a cuatro años, mientras que los créditos hipotecarios se otorgarían a diez o veinte. Habrá que evaluar si, bajo esas condiciones, existe suficiente interés de las entidades para participar.
Hasta ahora faltaban definiciones, aunque recientemente el Banco Central publicó la reglamentación y las entidades están analizando sus características. Creo que la línea tendrá demanda y que, si los bancos participan activamente, contribuirá a dinamizar el mercado. Como el monto previsto no es significativo frente al volumen total del crédito hipotecario en la Argentina, es probable que produzca mejoras visibles, pero no una solución definitiva. Para resolver el problema de fondo se necesita estabilidad económica a diez o veinte años, no solo a uno o dos. La experiencia muestra que el mercado hipotecario se desarrolla cuando el sistema financiero percibe estabilidad y políticas adecuadas, y orienta recursos hacia ese sector de la economía.
-La segunda medida autoriza préstamos en dólares a empresas que no generan ingresos en esa moneda. ¿Considera acertadas ambas iniciativas? ¿Cree que serán efectivas y que tendrán demanda entre los clientes de Santa Fe y la región?
-Responde a un reclamo de parte del sector financiero: dado que los depósitos en dólares se encuentran en niveles históricamente altos, se planteaba permitir que los bancos prestaran esos fondos a empresas que no generan ingresos en esa moneda.
Aunque la propuesta puede resultar atendible, debe aplicarse con cautela. Tras la crisis de 2001, las normas macroprudenciales establecieron que los depósitos en dólares se destinaran a sectores capaces de generar divisas, para mantener equilibrados los flujos entre activos y pasivos. Ese esquema contribuyó a preservar la solvencia del sistema y la disponibilidad de los fondos para los depositantes. Si bien hoy los depósitos privados en dólares están en niveles récord, la medida exige prudencia. El Gobierno incorporó un resguardo al limitar estos préstamos al 15 % de los depósitos en dólares de cada entidad.
Hasta ahora observamos poco interés, tanto en nuestra entidad como entre colegas de otros bancos. También influye la cautela de los potenciales tomadores, que temen que una suba del dólar vuelva impagable la deuda. Por eso, la iniciativa todavía no alcanzó una escala significativa.
– ¿Qué tasa debería tener un crédito para resultar realmente accesible, tanto para una familia como para una empresa?
-Quien toma un crédito suele hacerlo para adquirir un bien o cubrir una necesidad. Para evaluar su costo, la primera referencia es la inflación. Hasta 2023, en la Argentina la tasa de interés solía quedar por debajo del aumento de los precios.
Como la inflación superaba a la tasa fija, los bienes se valorizaban con rapidez y el peso real de las cuotas futuras disminuía. Hoy, una tasa razonable debería partir de la inflación esperada, aunque también intervienen otros factores que determinan el costo de fondeo de los bancos.
En 2025, la volatilidad financiera asociada a las elecciones de medio término llevó las tasas a niveles cercanos al doble de la inflación, pese a que el índice de precios no mostraba una aceleración significativa. Ese costo impedía a los bancos ofrecer productos competitivos. Hoy la situación se normalizó: con una inflación interanual cercana al 30 %, un crédito debería incorporar un margen razonable sobre ese valor. La tasa final dependerá del perfil de riesgo, los ingresos y la actividad de cada solicitante.
Como referencia, una tasa de entre el 40 % y el 45 % podría resultar razonable; para créditos de consumo o plazos superiores a doce meses, podría acercarse al 50 %. De todos modos, el mercado ofrece condiciones muy diversas.







