La Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, defendió esta tarde el proyecto para blindar las restricciones enviado al Congreso Nacional. Dijo que no faculta con superpoderes al presidente Alberto Fernández y anticipó: “Si un departamento de más de 300 mil personas queda en alarma epidemiológica se suspende automáticamente la presencialidad de las clases y se pasa a modalidad virtual”.
“Acá hay un proyecto de ley muy equilibrado y razonable en el marco de una pandemia que tensiona el sistema de salud”.
Aunque no dio detalles sobre la injerencia del Presidente en los distritos autónomos, la funcionaria nacional explicó que la iniciativa funcionaría como ley marco: “Proponemos parámetros objetivos: número de contagios, velocidad de crecimiento de contagios y situación de camas de terapia intensiva. Se dividen los lugares en bajo, mediano y alto riesgo epidemiológico y se establece un estado de alarma donde se ve afectado el sistema de salud”.
“Algo que es novedoso en la ley: las medidas que se adopten deben chequearse en 20 días para ver si mejoraron las curvas epidemiológicas y recién allí puede intervenir el Gobierno”, aseguró.
Según Ibarra, “el proyecto no pide más poderes, casi diría que es al revés”. Fue la respuesta de la Secretaria de Legal y técnica al rechazo del principal bloque opositor en el Congreso -Juntos por el Cambio- que ya adelantó que no acompañará la ley.
Con la normativa, el Ejecutivo busca -en palabras de la funcionaria- preservar la salud y la vida de la gente. “No queremos estar de brazos cruzados”, expresó.
“Tenemos una política pública que es vacunar. Hay más de 12 millones de dosis en la Argentina, pero se viene el invierno y hay lugares del país donde hay una tensión en el sistema de salud. No solo eso, sino que cuando los contagios son muy altos, sube la cantidad de muertes. No podemos normalizar los muertos de la pandemia”, dijo.
El proyecto de ley ingresó al Congreso por el Senado: cómo es el panorama en cada cámara:
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para establecer por ley los criterios epidemiológicos por los cuales deberán regirse las medidas y restricciones ante la pandemia de coronavirus en las destinas jurisdicciones -Bajo, Medio, Alto riesgo o Alarma-. Juntos por el Cambio resiste la iniciativa al considerar que amplía las atribuciones de la Casa Rosada.
La ley que ingresó en el Senado no distingue entre zonas geográficas sino que establece “parámetros epidemiológicos y sanitarios” conforme los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del coronavirus.
El proyecto establece que los gobernadores continuarán ejerciendo “las facultades concurrentes de control y fiscalización” de las medidas de prevención pero establece medidas “gatillos” que aplican de forma automática cuando se llegue a alcanzar una fase más complicada de la situación epidemiológica que se tenía hasta ese momento -más restricciones debido una suba de casos y ocupación de camas de terapia intensiva- o bien cuando se baje a una fase más favorable -suspensión de algunas restricciones por disminución de casos y de ocupación de camas-.
Respecto de las clases presenciales, el proyecto indica que su suspensión “se dispone únicamente para los lugares de Alarma epidemiológica” y prevé que, previa consulta con la provincias, el Poder Ejecutivo “podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción”.
En los lugares de Medio riesgo sanitario, “serán las autoridades locales las que dispondrán de restricciones temporales y focalizadas”, mientras que en los lugares del Alto riesgo y de Alarma, de observarse un empeoramiento de la situación, “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponerlas de formas razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores”.
