La conducción del fútbol argentino quedó en el centro de una causa judicial de alto impacto. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de clubes afiliados.
La imputación fue presentada ante el juez Diego Amarante y apunta a una deuda que, según la denuncia, superaría los $19.000 millones en contribuciones a la seguridad social que habrían sido retenidas pero no depositadas dentro de los plazos legales. Se trata de la primera imputación formal de Tapia y su principal colaborador en una causa de estas características.
De acuerdo a fuentes judiciales, el expediente se inició tras una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que detectó inconsistencias entre los aportes descontados a los trabajadores y los montos efectivamente ingresados. La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y cargas sociales.
En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de máxima autoridad de la AFA y responsable de la administración de la clave fiscal de la entidad, mientras que señaló a Toviggino como una pieza central del esquema financiero. Además, el fiscal advirtió que, por la magnitud de la estructura económica de la asociación y los montos involucrados, podría ampliarse la investigación a otros dirigentes y empresas vinculadas al entorno del tesorero.
La causa se suma a otros expedientes abiertos en los últimos días que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia avanza en una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la compra de una propiedad de lujo en Pilar, que habría sido adquirida mediante testaferros relacionados con dirigentes de la entidad. En ese marco, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona del inmueble y un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria de un helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria.
La Justicia profundiza el foco sobre la conducción del fútbol argentino. El avance de las investigaciones podría derivar en procesamientos si se confirman las irregularidades denunciadas y marcar un punto de inflexión institucional para la AFA.
