En el marco de la guerra abierta del gobierno contra la AFA, la Dirección General Impositiva (DGI), liderada por Andrés Vázquez, ha iniciado una acción penal contra AFA. La denuncia se fundamenta en la presunta retención indebida de fondos fiscales y contribuciones de la seguridad social, lo que implicaría un daño al fisco que alcanza los $7.593.903.512,23.
Lo llamativo de la denuncia es que la AFA pagó $7.661.053.363,06 este miércoles de 10 de diciembre correspondiente a las alícuotas de la seguridad social que van de diciembre de 2024 a noviembre de 2025.
Sin embargo, pese a los pagos efectuados, la DGI ahora exige el pago de punitorios por 900.000.000. Literalmente le corre el arco a la AFA para alimentar la idea de que hay apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
La realidad es que esta diferencia que la DGI reclamaba tenía que ver con la génesis de la persecución contra la AFA que se remonta a octubre del 2024 cuando el Gobierno derogó el decreto 1212 que establecía un régimen especial para la seguridad social y les daba beneficios fiscales a los clubes teniendo en consideración que cumplen con un rol fundamental con la comunidad.
En aquel momento, la justicia le dio a lugar a AFA para cautelares que le permitieron continuar con los beneficios del 1212. Aunque en una de esas cautelares se estableció que la AFA debería pagar el tributo completo, y al aplicar la diferencia se llega a ese cálculo de casi $7.700 millones de deuda con el fisco. Es decir, la cautelar aplicó la alícuota del decreto 510/2023, lo que ocasionó el diferencial para el cálculo.
El próximo martes, el presidente de la AFA Claudio Tapia tiene que viajar a Qatar, y desde la casa madre del fútbol advierten por una persecución política, que utiliza toda la fuerza del Estado para condicionar a Tapia.
Nado sincronizado contra la AFA
Este accionar de la DGI se suma a la denuncia de la Coalición Cívica por supuesto lavado de activos de la AFA. Lo que desencadenó un show mediático de allanamientos en una casa adjudicada a Tapia.
En ese marco, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires determinó hoy que la investigación centrada en la propiedad de una casa en Pilar, la cual figura a nombre de una sociedad pero que se sospecha pertenece a altos directivos de la AFA, pase a ser tramitada en el Juzgado Penal Económico N° 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.
Con esta resolución, el juez federal Daniel Rafecas, quien había ordenado el allanamiento y el embargo preventivo de la propiedad debido a la sospecha de un delito de “lavado de activos”, dejará de tener competencia en la causa.
La decisión fue tomada por Leopoldo Bruglia, magistrado de la Sala I del Tribunal de Apelaciones. Su intervención se dio a raíz de un conflicto de competencia surgido luego de que Rafecas recibiera la denuncia de la Coalición Cívica, se declarara incompetente, y derivara el expediente al fuero penal económico.
Fuente: Doble Amarilla
