Este martes 24 de marzo se conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, el quiebre institucional que dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Liderada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), la junta militar derrocó a la entonces vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón, tras el fallecimiento de su esposo y líder del movimiento, Juan Domingo Perón.
Aquel autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional» instauró un esquema de terrorismo de Estado, validado años después durante el histórico Juicio a las Juntas. Bajo este régimen, se sistematizó el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas a través de centros clandestinos de detención, con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como uno de sus símbolos más atroces. La represión no distinguió banderas: militantes políticos, sindicalistas y referentes sociales fueron blanco de un plan diseñado para disciplinar a la sociedad y reformatear la economía nacional, suprimiendo el Congreso y toda libertad de expresión.
El preludio del quiebre
El asalto al poder no fue un evento aislado, sino el corolario de un orden constitucional agónico. Los meses previos al 24 de marzo estuvieron marcados por una inflación galopante, una crisis económica asfixiante y una violencia política desatada. La gestión de Martínez de Perón, debilitada por fracturas internas en el peronismo y una evidente pérdida de autoridad, enfrentaba un escenario de «final anunciado».
En ese clima, organizaciones paraestatales como la Triple A ejecutaban asesinatos y secuestros de militantes, mientras guerrillas como el ERP y Montoneros mantenían combates abiertos con las fuerzas de seguridad. Ya en febrero de 1975, el Operativo Independencia en Tucumán había anticipado la intervención directa de las Fuerzas Armadas bajo la premisa de «aniquilar el accionar subversivo».
En lo económico, el plan de ajuste de Celestino Rodrigo —el «Rodrigazo»— disparó la inflación al 182% y provocó el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista. Ante el déficit fiscal y el descontento social, sectores de la Sociedad Rural, grupos financieros y grandes medios de prensa clamaron por una intervención militar para «restablecer el orden». A diferencia de golpes anteriores, esta vez las tres fuerzas coordinaron un control total y uniforme del territorio.
El Plan Cóndor y el contexto regional
Argentina no era una excepción. Sudamérica estaba inmersa en la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos para frenar el comunismo. Esto cristalizó en el Plan Cóndor, una red transnacional de represión creada en 1975 por las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil) para perseguir opositores más allá de las fronteras. Con el respaldo de la CIA y la administración de Gerald Ford, se impuso un dogma neoliberal que revirtió conquistas sociales en beneficio de élites económicas.
La resistencia y el camino a la Justicia
Frente al horror, surgieron las primeras voces de resistencia. El 30 de septiembre de 1976 se fundó Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la primera organización en judicializar los reclamos de aparición con vida. A ella se sumaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico (MEDH).
El hito visual más potente llegaría el 30 de abril de 1977, cuando las Madres de Plaza de Mayo iniciaron sus rondas silenciosas frente a la Casa Rosada. En paralelo, las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda específica de los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres.
Casi una década después, el 9 de diciembre de 1985 y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, el mundo fue testigo de un hecho inédito: el Juicio a las Juntas. Los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, junto a un tribunal civil, condenaron a los jerarcas militares por planificar un sistema represivo ilegal. Aquella sentencia sentó un precedente global comparable a los Juicios de Núremberg. Videla y Massera recibieron reclusión perpetua, mientras que otros mandos obtuvieron penas menores o absoluciones que luego serían revisadas.
Cifras y legados
Aunque la CONADEP documentó inicialmente 8.961 desapariciones, archivos desclasificados de inteligencia militar sugieren que para 1978 la cifra ya alcanzaba las 22.000 personas. Por ello, ante el carácter clandestino del exterminio, los organismos de derechos humanos mantienen la cifra simbólica y política de 30.000.
En cuanto a la identidad robada, hasta julio de 2025, las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir a 140 nietos y nietas. Sin embargo, la herida sigue abierta: se estima que aún faltan encontrar a más de 300 personas que, víctimas de un plan sistemático de apropiación, todavía desconocen su verdadera historia.
