Mientras la investigación sigue adelante en el Juzgado Federal de La Plata, se espera que las cámaras legislativas se expidan sobre las recomendaciones que surgieron de la comisión investigadora creada en Diputados.
Las muertes por fentanilo contaminado constituyeron una de las principales noticias de 2025 y fueron consideradas por expertos como la mayor tragedia sanitaria del país. La investigación judicial, que continuó durante enero incluso en feria, permitió precisar las cifras: la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de los casos y se confirmó oficialmente que fueron 111 las víctimas fatales, tras el análisis de 159 situaciones, con 48 pacientes que lograron sobrevivir al opioide adulterado.
Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación sostuvo, durante varios meses, el trabajo de la comisión investigadora (votada por unanimidad) en la que se escucharon testimonios de familiares de las personas afectadas, que asistieron todas las semanas a las reuniones.
Además, estuvieron presentes expertas y expertos, y el juez que sigue la causa desde el Juzgado Federal con sede en La Plata, Ernesto Kreplak, quien el 19 de noviembre brindó un pormenorizado informe de las tareas realizadas y anticipó que se seguiría trabajando durante enero.
El grupo de trabajo, presidido por la rosarina Mónica Fein junto a Victoria Tolosa Paz y Silvana Giudici, las tres de diferente procedencia partidaria (socialismo, UxP y LLA, respectivamente), alumbró en diciembre, antes del recambio legislativo, 20 recomendaciones que deberán ser tratadas por el Congreso en su nueva conformación, luego de las elecciones de octubre.
Para ello habrá que esperar el inicio del período ordinario de sesiones que arranca el 1° de marzo, y la constitución de las comisiones. A Salud, que hasta diciembre presidía Pablo Yedlin (UxP) le corresponderá el análisis de los temas acordados en el grupo de trabajo.
Precisamente, el legislador, que fue ministro de Salud en Tucumán, “tiene varios proyectos presentados y estoy segura de que los va a impulsar”, confió, en diálogo con El Litoral, Mónica Fein, quien destacó el compromiso de todos los sectores políticos en este tema.
“Es fundamental que esta terrible tragedia dé como resultado cambios normativos y un avance judicial” que el juez sostuvo, tal como se había comprometido, durante enero, señaló.
La ex intendenta de Rosario, que hasta el 10 de diciembre fue diputada nacional, anticipó que continuará “aportando recomendaciones al bloque de Provincias Unidas”.
Un panorama completo
Desde su creación en septiembre de 2025, la comisión recibió testimonios de las máximas autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde se registró el primer brote de afectados por el fentanilo contaminado o adulterado; de referentes del Instituto Malbrán, cuyo trabajo fue destacado en más de una oportunidad por quienes investigan el caso, y, como se dijo, del juez Kreplak.
El magistrado, cuya actuación se inició en mayo a partir de una denuncia realizada por Anmat, seguida por un alerta nacional, explicó en detalle cómo se hizo la investigación que reveló irregularidades en la producción del Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La tarea del juzgado incluyó el análisis particular de decenas de historias clínicas, resultados de autopsias, informes hospitalarios y registros de pacientes que sobrevivieron pero quedaron con secuelas. La tarea que continuó aún durante la feria judicial, con el objetivo de llevar el caso a juicio a mediados de 2026.
En base a las investigaciones, el juez contó también que no hubo trazabilidad de los medicamentos y que la Anmat desconocía la ubicación de las ampollas que se investigaban como contaminadas.
La investigación por las responsabilidades del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado está a cargo del Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.
Finalizada la feria judicial, se aguardan novedades sobre procesamientos, pedidos de prisión domiciliaria y alcance de la responsabilidad penal.
En este punto, cabe recordar que ni las autoridades de Anmat ni el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, asistieron a las reuniones a las que fueron convocados. Sin embargo, hubo un cambio en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica: su titular, Agustina Bisio, fue reemplazada por Luis Fontana.
De cara al debate que se viene en el Congreso, habrá que establecer un marco normativo para el organismo de control, creado por decreto en agosto de 1992 luego de otra tragedia: la que derivó en la muerte de seis personas por el consumo de productos de propóleo contaminado.
También será necesario definir mecanismos para asegurar la trazabilidad de los medicamentos desde su producción hasta su aplicación.
Esta recomendación es clave: el lote contaminado incluyó 154 mil ampollas que fueron distribuidas a distintos centros de salud y cuya localización, al momento de conocerse los casos fatales, era desconocida por los organismos nacionales según se reveló en el curso del trabajo de la comisión.
La causa
Según releva la agencia Noticias Argentinas, la causa mantiene procesados y bajo prisión preventiva a 13 personas, tal cual lo dispuso el juzgado Federal de la Plata en 2025. Se trata del titular del laboratorio HLB Pharma Ariel Fernando García, Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Ariel y Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano están detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz.
También fueron procesados, aunque sin prisión preventiva, María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk.
En el caso de estos últimos se ordenó la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual. Todos estaban ligados a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.
Al regreso de la feria, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver sobre los 13 procesamientos, dos pedidos de prisión domiciliaria y el alcance de las responsabilidades penales.
Fuente El Litoral
