La provincia de Santa Fe volverá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el próximo 15 de julio a una nueva instancia de conciliación con Ansés, en el marco del reclamo por la deuda previsional acumulada y la interrupción del flujo de fondos comprometido por ley para compensar en parte el déficit mensual que corresponde a las Cajas no transferidas. La audiencia estaba programada para este martes 8 de julio, pero se solicitó una postergación hasta después del regreso del gobernador Maximiliano Pullaro, que durante esta semana participa de una misión en Estados Unidos.
Pullaro encabezó la representación provincial en la reunión de mediación desarrollada el pasado 25 de junio en la Corte, en el marco del trámite de la medida cautelar presentada por la provincia ante el incumplimiento de los pagos de Ansés. Lo hizo acompañado por su predecesores Omar Perotti (PJ) y Antonio Bonfatti (PS). En el marco del encuentro se dispuso una instancia «técnica» de evaluación de los montos comprometidos, y la provincia espera escuchar en la próxima reunión una oferta de pago de parte de la Nación. Según confirmó a El Litoral el secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso, en los últimos días se avanzó en el intercambio de información entre funcionarios, aunque no más que eso.
Dos ejes de reclamo
Tras la primera reunión, el gobernador santafesino dejó en claro que «el Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado».
Respecto al corte del flujo, detalló que «la Provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional», que corresponde desde el momento en que Santa Fe decidió no transferir su Caja de Jubilaciones, como hicieron otras provincias en los ’90. «Eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente», puntualizó.
Y en cuanto al stock de deuda, que según los cálculos más conservadores sería de al menos 800 mil millones de pesos, marcó que «es un reclamo que comenzó en la gestión de Omar Perotti y que nosotros retomamos. Por supuesto, la Provincia tiene una mirada flexible entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe».
«Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no – aclaró Pullaro luego, consultado por la prensa santafesina. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal porque eso genera problemas para todos. No cederemos ni un solo centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo. Y lo voy a discutir con la Legislatura también… Pero no cederemos ni un solo centavo. Vamos a ser flexibles en el modo de pago, si hay voluntad de pago», planteó.
Rige la cautelar
Pullaro adelantó que antes de la segunda audiencia de conciliación se abriría la instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo y, posteriormente, sobre el stock de la deuda. «Mientras tanto, seguimos sosteniendo una medida cautelar presentada ante la Corte, que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado», explicó.
En ese marco, el gobernador subrayó que «hoy nuestra Provincia volvió a dar el ejemplo. Esta imagen de institucionalidad nos muestra a tres gobernadores, de distintos espacios políticos, reclamando por los recursos que le pertenecen a los santafesinos. Hoy la deuda que mantiene la Nación significan 1.500 kilómetros de ruta o 170 escuelas. Por eso vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse».
Además de Pullaro, Perotti y Bonfatti, la delegación santafesina estuvo integrada por el Fiscal de Estado, Domingo Rondina; la Secretaria Legal y Técnica, María Julia Tonero; el Secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso y la directora de la Caja de Jubilaciones, Alicia Berzero; asistidos por sus letrados patrocinantes Ezequiel Cassagne, Carlos Laplacette y José María Olmos.
En tanto, en representación del Estado Nacional lo hicieron el Secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Andrés Gutiérrez; la directora General Administrativa y Técnica, María Agustina Terribile Riva y los letrados apoderados, Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez; el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, y la Subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, Valeria Patricia Sánchez.
Con información de El Litoral
