Además de la cadena presidencial donde ratificó la voluntad de sostener el déficit cero y vetar cualquier ley que a su entender lo comprometa, el Gobierno nacional anticipó que sostendrá las reformas implementadas por decreto, en base a facultades delegadas por el Congreso, a pesar de que ahora esas normas sufran el rechazo parlamentario. Se trata de la disolución o reestructuración de organismos como Vialidad, INTA e INTI, estructuras culturales, Banco de Datos Genéticos o el régimen de la marina mercante, cuyos respectivos decretos fueron rechazados por la Cámara de Diputados con media sanción, y ahora podrían quedar definitivamente sin efecto si el Senado hace lo propio. Se trata principalmente de las modificaciones impulsadas desde el Ministerio de Desregulación por Federico Sturzenegger, y popularmente asociadas a «la motosierra».
En ese sentido, en una entrevista en Radio Rivadavia y consultado sobre la posibilidad de frenar en el Senado el rechazo a los decretos, el jefe de Gabinete Guillermo Francos entendió que la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con el presidente Javier Milei, no cuenta con las posibilidades de impedir la sesión que tratará el tema en la Cámara de Senadores.
«No sé si tendrá la presidenta del Senado la posibilidad de hacerlo, de interrumpir o si le impondrán el número. No lo hizo la vez anterior…», deslizó, y sumó: «No sé si esta vez podrá hacerlo, dependerá de las circunstancias que tenga el Senado en ese momento».
Esto en virtud de que, luego de la votación en Diputados, resta que el Senado los deje sin efecto; cosa que podría pasar en las próximas semanas, habida cuenta de la mayoría opositora que existe en esa cámara. Se trata de la cuestión que más preocupación causa en el Gobierno nacional ya que, a diferencia de las leyes, que pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo (y trabajar después para que ese veto no sea rechazado), en el caso de los decretos la decisión del Congreso es irreversible.
De todos modos, Francos aclaró que, tal como lo ve el Gobierno nacional, «por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron», aseguró.
El funcionario criticó con dureza que diputados que antes habían acompañado los proyectos oficiales, como la Ley Bases, ahora se unieran a la oposición para rechazar los decretos. «Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica», cuestionó Francos, apuntando a la contradicción en el Congreso.
El núcleo del debate
En la sesión del miércoles pasado, la sesión logró los votos necesarios para rechazar 5 decretos delegados: 462/25, que modifica organismos técnicos como el INTI y el INTA; 345/25, que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; 351/25 que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete; 340/25 que desregula la Marina Mercante; y el 461/25, que promueve la disolución de Vialidad Nacional.
En el debate sobre los organismos estatales, el jefe de Gabinete remarcó que buena parte de las reformas operadas por el Ejecutivo ya produjeron efecto. Destacó que el Gobierno avanzó con la fusión y reducción de organismos como el INTA y el INTI, y que la estructura y el gasto público resultaban insostenibles. «No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía», señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?’.
Según Francos, estas reformas permitieron avanzar en el ajuste del gasto estatal. «Si vos tenés un déficit del 15% sobre un producto de seiscientos mil millones, estás teniendo un déficit de noventa mil millones de dólares de déficit público. Eso no lo puede resistir nadie. Nuestro país no lo puede resistir», advirtió, repasando los déficits de los últimos años. Subrayó que, tras la llegada del nuevo gobierno, «pasamos de déficit a superávit, 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025. Eso fue la primera parte de nuestras reformas».
Francos defendió el proceso de simplificación administrativa liderado por Federico Sturzenegger: «Lo que ha hecho es simplificar el funcionamiento de la administración pública, hacerle más fácil al empresario convivir con el Estado y desarrollar su actividad. Y todo eso es lo que va generando el cambio».
Por lo demás, el jefe de Gabinete se refirió a la historia de las delegaciones de facultades entre el Congreso y el Ejecutivo. Sostuvo que «el peronismo y el kirchnerismo abusaron de la facultad constitucional durante todos sus gobiernos», mientras que el actual oficialismo pidió la delegación por un año y cumplió con el plazo sin pedir prórroga. «Hemos hecho lo que pedimos y la facultad que se nos atribuyó por el Congreso. Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados, son los que autorizaron a los gobiernos anteriores a funcionar todo el tiempo con delegación de facultades», disparó.
«Cosa ruidosa»
Horas más tarde, el propio Sturzenegger profundizó sus críticas en declaraciones a Radio Mitre. Calificó la votación como un hecho inédito en el funcionamiento institucional argentino y señaló que, por primera vez en mucho tiempo, la República funcionaba con independencia de poderes. «Tenemos esta cosa ruidosa, con visiones contrastantes, con conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. De eso se trata el republicanismo», sostuvo.
Sobre el efecto económico de la votación, destacó que ni el dólar ni el riesgo país reaccionaron negativamente y lo atribuyó a la confianza del mercado en el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal. «El sistema macroeconómico se mantiene incólume», dijo, y comparó la situación con la Italia de la posguerra, donde la política generaba ruido pero no afectaba la estabilidad macroeconómica.
Sturzenegger apuntó en particular contra la estructura de Vialidad Nacional, a la que definió como «el foco central de la corrupción del kirchnerismo» y de gobiernos anteriores. Señaló que de una red vial de 840.000 kilómetros, el organismo mantenía 20.000, con una plantilla de 5.000 empleados y 1.500 cargos jerárquicos. Explicó que el objetivo era transferir la auditoría a una agencia independiente, pasar la planificación a la Secretaría de Transporte y tercerizar el mantenimiento.
El ministro cuestionó que el Congreso votara para «preservar» esa estructura y sostuvo que algunos bloques, como la Coalición Cívica, actuaron de forma «incomprensible» al acompañar el rechazo. También vinculó la resistencia de ciertos sectores con el interés de mantener privilegios y fuentes de financiamiento político.
En la entrevista, extendió sus críticas a otros organismos y programas alcanzados por los decretos, como el Instituto Nacional del Teatro, cuya estructura burocrática, dijo, absorbía el 65 % de los fondos destinados a la actividad teatral. Afirmó que la reforma devolvía recursos directamente a la producción cultural. «Se escudan en causas nobles para armar un curro atrás», señaló.
El ministro advirtió que lo votado implicaba déficit y que eso se traducía en emisión monetaria e inflación. Vinculó el ajuste del gasto con la reducción de la pobreza y resaltó que, según el Gobierno, las jubilaciones habían recuperado entre 15 % y 20 % de poder adquisitivo en el actual mandato.
Consultado sobre la Marina Mercante, explicó que la reforma establecía el «cese de bandera» para permitir la operación de barcos extranjeros con tripulación argentina, bajo leyes laborales externas, lo que, según sostuvo, no fue rechazado por los gremios. Señaló que la oposición provenía de una sola empresa, National Shipping, que se vería obligada a modificar su convenio laboral.
