La nueva normativa redefine la protección de glaciares y ambientes periglaciares, permitiendo que cada provincia establezca sus propios criterios sobre qué zonas deberán quedar resguardadas.
El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de la reforma de la Ley de Glaciares, una medida que introduce cambios profundos en el régimen de preservación de glaciares y ambientes periglaciares en el país.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, dos semanas después de que el Congreso aprobara la iniciativa con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.
La nueva ley modifica el esquema vigente desde 2010 y transfiere mayores facultades a las provincias, que ahora podrán definir con criterios propios qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán considerados zonas protegidas.
Hasta ahora, la normativa establecía una protección más rígida al considerar a los glaciares como bienes públicos estratégicos, fundamentales como reserva de agua dulce, para la recarga de cuencas hidrográficas, la biodiversidad, el turismo y la investigación científica.
Con la reforma, aquellas zonas que no sean catalogadas bajo los nuevos parámetros provinciales podrían quedar fuera de la protección específica de esta ley, aunque seguirán alcanzadas por la Ley General del Ambiente y otras normativas vigentes.
Uno de los cambios más relevantes está vinculado a los llamados Glaciares de Escombros y las áreas periglaciares. La protección ya no será general, sino que quedará limitada a aquellos cuerpos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.
Esto abre la posibilidad de habilitar actividades productivas y extractivas, como proyectos mineros, en sectores que anteriormente estaban restringidos, lo que generó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones ambientalistas.
Otro punto importante es la reducción del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que hasta ahora tenía una función central en la identificación de glaciares.
A partir de esta reforma, el inventario nacional elaborado por el organismo será de consulta obligatoria, pero las provincias tendrán la última palabra en la toma de decisiones.
Además, se reemplaza el sistema de prohibiciones generales por un esquema basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, también bajo control provincial.
Desde el Ejecutivo defendieron la reforma al señalar que permitirá fortalecer el federalismo ambiental, evitar interpretaciones arbitrarias y generar condiciones más claras para la inversión.
En un comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que la medida permitirá proteger con “precisión científica” las zonas que realmente cumplen funciones hídricas, al tiempo que facilitará la explotación de minerales en terrenos que, según el oficialismo, estaban incorrectamente catalogados como glaciares.
