La comunicación fue propuesta por el PJ y votada por unanimidad. No hubo discursos pero la posición asumida por los representantes de los 19 departamentos es clara: si es necesario habrá que llevar a un juicio al gobierno nacional para que cumpla con el pago de una compensación por no haber transferido en los ’90 su sistema previsional.
El texto votado dice que la Cámara alta «vería con agrado» que el gobierno provincial, «en relación con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, por el cual se excluyen los artículos 92, 93 y 94 del Presupuesto General de la Administración Nacional 2023, Ley N° 27701, prorrogado para 2024 por Decreto N° 88/2023 y se dejan sin efecto las partidas económicas destinadas a aquellas provincias que no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones y Pensiones Provinciales, proceda a realizar todas las acciones y gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)», a los efectos de cobrar esa acreencia santafesina.
De inmediato, las describe: «a) Gestionar todos los trámites y reclamos administrativos para rechazar las disposiciones del DNU N° 280/2024 que afectan las transferencias para 2024, correspondientes a la provincia de Santa Fe, respecto de su Caja de Jubilaciones y Pensiones; b) Asegurar la restitución y efectivo cumplimiento de las transferencias en los plazos, modalidades y montos calculados por la Ley N° 27701, de Presupuesto del año 2023, prorrogado para el año 2024 por Decreto N° 88/2023; c) Iniciar las acciones judiciales que correspondieren si el Poder Ejecutivo Nacional no ofrece respuesta o solución satisfactoria al pedido de la provincia de Santa Fe».
El texto fue planteado en la reunión de presidentes de bloques por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y no hubo reparos en agregarlo a la lista de comunicaciones, resoluciones internas y pedidos de informes para su aprobación a mano alzada.
Argumentos
Aunque los fundamentos no forman parte de lo que se vota, sino solo los argumentos de quienes presentan las iniciativas, conviene repasarlos. La comunicación firmada por los cinco integrantes de la bancada desaca que «los montos que deben transferirse a las provincias no son una ayuda discrecional que puede o no conceder el Poder Ejecutivo Nacional, sino que obedecen a la evolución de las relaciones entre Provincias y Nación y al proceso de transferencia de las cajas provinciales a la Nación que se inició en 1992, con la firma de los Pactos Fiscales I y II, por los cuales once provincias transfirieron sus Cajas: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán; y otras trece no lo hicieron: Santa Fe, Santa Cruz, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa y Corrientes».
Así, «se incorporaron entonces al sistema nacional las cajas de varias provincias y el Gobierno Nacional tomó a su cargo el pago de las prestaciones que se encontraban otorgadas y de las futuras a otorgarse». Pero «en cuanto a la situación de las provincias que no transfirieron sus Cajas a la Nación, pero sí cedían recursos coparticipables para financiar el sistema previsional nacional (Pacto Fiscal I), en diciembre de 1999, la Nación y los gobernadores suscribieron el ‘Compromiso Federal’ «, ratificado por leyes 25235 y 25400, que incorporó, en su Cláusula 12 esa obligación.
Dice lo siguiente: «El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficit globales de los sistemas provisionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes; como los de aquellos sistemas que arrojen déficit provisional originados en forma individual (personal civil, docente, policial, etc.) y las provincias, en contrapartida, deben armonizar sus legislaciones con las pautas de la legislación nacional en la materia».
La ley de Presupuesto vigente porque se prorrogó el de 2023 deja establecido cómo funciona el sistema de transferencias a las provincias durante el año. Los pagos debieron hacerse antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional. Cada anticipo mensual debe incluir «su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)».
Declaraciones
El DNU de Milei que reniega de esas obligaciones lleva el número 280 y frente a esa posición, el justicialismo rescata los dichos del secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Jorge Boasso: «Es otra trastada del presidente» y una «apropiación indebida de fondos» de parte del Estado nacional; «mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias», fustigó Boasso.
Y siguió, en distintas apariciones públicas: «las Cajas de jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral» y anticipó que la semana próxima se analizará recurrir a la vía judicial para frenar este recorte….». Las declaraciones son del día 20.
Firmeza
El texto presentado por Pirola con el respaldo de sus compañeros de bloque dice que el gobernador «debe ser firme y decidido para llevar adelante el reclamo, que no puede quedar reducido solamente a declaraciones contundentes en la prensa, sino que debe avanzarse en el terreno institucional, político y judicial si es necesario».
«La provincia de Santa Fe ya ha recurrido a la justicia en reclamos previsionales, algunos en marcha, como el iniciado el año pasado por deuda de ANSES con la provincia o el juicio que tuvo sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la detracción de fondos de coparticipación», recuerda el legislador al reprochar más presión por parte de la Casa Gris.
Con información de El Litoral
