El Gobierno nacional salió a marcar posición tras las nuevas y comprometedoras revelaciones en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El canciller Pablo Quirno fue el encargado de asegurar que la investigación no afecta la gestión oficial y afirmó que el funcionario dará las explicaciones pertinentes en el ámbito judicial, separando su situación privada de la función pública.
La situación de Adorni se agravó tras la declaración del arquitecto Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista, encargado de las refacciones en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, reveló que recibió pagos por US$245.000 en efectivo y sin la facturación correspondiente. Además, Tabar presentó ante la Justicia conversaciones de WhatsApp con mensajes temporales donde el jefe de Gabinete le habría ofrecido «asistencia» de su equipo técnico para coordinar la declaración, ofrecimiento que el arquitecto finalmente rechazó para evitar sospechas de una estrategia conjunta.
