El borrador, presentado ante el Consejo de Mayo, habilita el home schooling, abre la puerta a planes de estudio propios y declara la esencialidad del servicio educativo. También redefine el rol del Estado y amplía la autonomía de las escuelas.
El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de la nueva Ley de Libertad Educativa, una propuesta que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en vigencia desde 2006. El proyecto abarca toda la educación básica —inicial, primaria y secundaria— mientras mantiene sin cambios la legislación sobre educación superior.
De acuerdo con fuentes oficiales, se trata de un documento de 136 artículos, elaborado entre la Secretaría de Educación que encabeza Carlos Torrendell y el Ministerio de Desregulación. Aunque aún es un borrador, el Ejecutivo confirmó su autenticidad y señaló que el texto avanza en una reformulación profunda del sistema educativo, con eje en la “libertad educativa” y en la familia como “agente primario” de la formación de los hijos.
Una de las novedades más relevantes es que el proyecto habilita la educación en el hogar como modalidad válida, sin fijar una edad mínima. Junto con el home schooling, también se incorporan formalmente la educación híbrida y la educación a distancia. Para quienes estudien en casa, la acreditación de saberes se realizará mediante exámenes periódicos obligatorios.
El texto también permite que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, siempre de manera optativa y fuera del horario escolar.
Uno de los capítulos clave establece la “libertad de contenidos”, habilitando a que cada escuela elabore planes de estudio propios, en consonancia con su ideario y proyecto institucional. Esos diseños convivirán con los contenidos mínimos comunes, que continuarán asegurando la cohesión federal.
El proyecto define un sistema educativo conducido por la sociedad y el Estado, pero bajo el principio de “subsidiariedad estatal”, otorgando mayor protagonismo a familias y a la comunidad educativa. En total, la palabra “libertad” aparece 27 veces, superando las referencias al Estado.
El borrador establece un mínimo anual de 540 horas reloj para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, lo que representa un piso inferior al acordado por el Consejo Federal en 2024. Además, dispone que el 25% del tiempo escolar sea destinado a propuestas curriculares autónomas definidas por cada institución.
El artículo 33 habilita la educación religiosa optativa en escuelas públicas, mientras que otro apartado declara como obligatoria la enseñanza sobre la causa Malvinas.
Las modalidades educativas integran a estudiantes con discapacidad, población rural, educación hospitalaria, domiciliaria, en contexto de encierro y a alumnos con altas capacidades.
El artículo 37 introduce un cambio estructural: las escuelas, incluidas las estatales, avanzarán hacia un modelo de gestión autónoma, con capacidad para definir su gobierno interno, sus reglamentos, el régimen de personal, las políticas de admisión y la administración de recursos. Los directivos podrán proponer contrataciones, así como la suspensión o separación del personal, siempre con ratificación provincial.
El proyecto mantiene y amplía las evaluaciones nacionales Aprender. Propone que sean anuales, censales y realizadas en el último año de primaria y secundaria. Además, habilita la publicación de resultados por escuela, algo prohibido en la legislación actual para evitar estigmatizaciones. Los estudiantes y sus familias tendrán derecho a conocer sus resultados individuales.
Otro de los puntos sensibles es la eliminación de la meta del 6% del PBI para educación. El Estado queda definido como un actor de rol complementario, con igualdad de acceso al financiamiento público para instituciones estatales y privadas.
El proyecto incorpora herramientas como becas, vales educativos, créditos fiscales y asignaciones directas a familias y estudiantes.
También se crea un sistema federal de monitoreo para evaluar el impacto del gasto educativo y garantizar “transparencia” en la inversión.
La formación inicial docente seguirá siendo de cuatro años y se creará el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que reemplazará al INFoD. La estabilidad laboral estará ligada al desempeño satisfactorio, la capacitación continua y la ética profesional. Además, habrá evaluaciones periódicas cada cuatro años centradas en competencias pedagógicas y resultados de aprendizaje.
