La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un planteo del Gobierno de Javier Milei y habilitó la revisión de la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión abre una nueva instancia judicial en el conflicto por la actualización de los salarios docentes y no docentes y los fondos destinados a las becas estudiantiles.
La resolución fue adoptada por la Sala III del tribunal, que permitió tramitar una apelación del Ejecutivo contra una decisión del juez de primera instancia, Martín Cormick, quien había dispuesto continuar con la ejecución de la cautelar. El Gobierno había cuestionado esa determinación y acudió a la Cámara después de que su recurso fuera rechazado inicialmente.
Los argumentos del Gobierno
En su presentación, el Estado nacional sostuvo que ya había cumplido con las obligaciones establecidas por la medida cautelar y argumentó que su vigencia estaba sujeta a un plazo que, según su interpretación, ya había vencido.
Además, cuestionó la posibilidad de recibir sanciones económicas por un supuesto incumplimiento de la orden judicial. La discusión incluye las multas diarias de $100.000 que habían sido previstas para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y cuya aplicación quedó suspendida provisoriamente mientras se tramita otra apelación del Ejecutivo.
Sin embargo, la decisión de la Cámara no implica que el Gobierno haya quedado eximido definitivamente de cumplir con la cautelar. Los jueces habilitaron la revisión del recurso, pero no resolvieron si el Estado cumplió con sus obligaciones ni determinaron que la medida haya perdido vigencia.
La disputa por el financiamiento universitario
El conflicto judicial se originó a partir de la Ley de Financiamiento Universitario y del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de los recursos necesarios.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones recurrieron a la Justicia para reclamar la implementación de la norma. El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la ley, en un fallo que también fue apelado por el Ejecutivo.
La medida cautelar en discusión establece la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos para las becas estudiantiles conforme a los parámetros previstos en la legislación.
Con la nueva resolución, la controversia continuará en los tribunales y la Cámara deberá analizar los argumentos presentados por el Gobierno. Mientras tanto, sigue abierto el debate sobre el alcance de las obligaciones estatales y la aplicación efectiva de la ley.
