En la Casa Rosada aceptaron ceder el porcentaje de la recaudación del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El jefe de Gabinete está al mando de las negociaciones.
La Casa Rosada les ofrecerá fondos a los gobernadores a cambio de que se hagan cargo de las obras de Vialidad de sus provincias. Se trata de la respuesta que el Ejecutivo se comprometió a darles a los mandatarios provinciales esta semana, luego de que pidieran elevar la coparticipación del impuesto a los combustibles al 50% y regularizar el envío de fondos a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Según pudo informó TN, los equipos técnicos de Balcarce 50 aceptaron ceder el porcentaje de la recaudación del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que cuenta con el financiamiento del 50% de lo que se debe destinar por ley al Fondo de Infraestructura de Transporte. El fideicomiso recibe el 28,58% de lo colectado por el impuesto a los combustibles. En 2024, registró $674.627 millones a través de la vía impositiva y contó con transferencias por $1058 billones.
El encargado de negociar con los gobernadores es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se reunirá en los próximos días con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para definir el impacto fiscal de las medidas y las posibilidades de ceder fondos. Los mandatarios provinciales se reunirán este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Hay diferencias en Nación sobre la viabilidad de distribuir de forma regular parte del sobrante anual del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que corresponde a la Ley de Coparticipación. Mientras que un sector del oficialismo sostiene que hay margen en las cuentas fiscales para enviar fondos, otro espacio asegura que “no hay plata”. “La caída de la recaudación es por baja del impuesto PAIS y retenciones. Les damos ATN todos los meses”, agregan.
El Gobierno busca que las negociaciones se transformen en un proyecto de ley y sigan su curso a través de la vía legislativa. En Nación reconocen que apuntan a sumar al acuerdo el tratamiento de las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, que comenzarán a debatirse en un plenario de comisiones esta semana.
El Ejecutivo intentará también cerrar dentro del mismo marco un esquema de alianzas para bloquear el aumento jubilatorio que aprobó la Cámara de Diputados y debe tratar el Senado. Nación da por perdida la votación en la Cámara Alta y quiere concretar adhesiones para sostener un futuro veto, que ya confirmó el presidente en sus redes.
La Casa Rosada pone la mira además en los acuerdos que busca cerrar con los gobernadores aliados para las elecciones legislativas del 26 de octubre e intenta evitar tensiones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, trabaja para que los partidos dialoguistas del interior compitan dentro de la boleta de La Libertad Avanza.
Nación convocó para este martes a las 9 a la primera reunión del Consejo de Mayo, en el que intentará discutir las reformas laboral, tributaria y previsional. Se trata de las proyectos que el oficialismo se comprometió a impulsar a fin de año en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Francos lo presidirá y lo integrará también el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El representante de las provincias es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el de los sindicatos es el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez. El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, representa a la Cámara baja y la legisladora Carolina Losada, al Senado. Martín Rapallini, de la UIA, asistirá por las entidades empresariales.
La reforma laboral que prepara el Ejecutivo contiene cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir la participación estatal en los acuerdos entre privados. En Nación también evalúan proponer la eliminación de la homologación de paritarias por parte del Estado en el marco de negociaciones entre trabajadores y empresas.
El Gobierno quiere derogar además la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación- y fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones. Lo mismo aplica para el establecimiento de los convenios específicos sobre los colectivos. “Lo que buscamos es que los privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado”, agregan en Nación.
La Casa Rosada también busca reducir el número de jubilados y aumentar la formalidad laboral para que más gente pague los aportes, y analiza opciones para establecer la posibilidad de optar por un sistema jubilatorio privado, como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La reforma contiene el incremento de la edad jubilatoria de las mujeres junto con cambios en regímenes especiales, como el de los diplomáticos.
