Ya formalmente investido del cargo de ministro del Interior, Diego Santilli acomete de lleno su misión iniciática: conseguir de los gobernadores el apoyo a la ley de Presupuesto 2026 (que aspira a ser el primero votado por el Congreso de la gestión Milei) y, luego, para las principales reformas estructurales que el gobierno quiere producir.
Esto en atención a que, si bien la Libertad Avanza tendrá noventa diputados y juntos a sus firmes aliados alcanzará unos 115, necesitará al menos de una quincena de legisladores extra para poder consagrar esas iniciativas.
Lo cual implica, en la práctica, el encadenamiento de una serie de encuentros y conversaciones, que ya comenzaron antes de jurar como ministro, y transitar un camino de entendimiento que implica recoger las inquietudes y planteos de los mandatarios y, en lo posible, anticiparles respuestas concretas.
A favor y en contra
Con pasado peronista y más reciente del PRO, el flamante funcionario acredita el hándicap político de haber sido el inesperado triunfador de las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires, remontando los 14 puntos de ventaja que, al menos inercialmente, ostentaba el gobernador Axel Kicillof.
Como contra, deberá recuperar la confianza de los mandatarios provinciales que, a cambio del acompañamiento directo o indirecto a los principales lineamientos del gobierno de Javier Milei, obtuvieron resultados más bien magros o directamente nulos (con quizá no tan honrosas excepciones), por más compromisos formales o “pactos” que se hayan suscripto al respecto.
Santilli porta, a efectos de la negociación, con una hoja de ruta que establece claramente sus posibilidades y límites: consenso sin perder equilibrio fiscal, Presupuesto, Modernización laboral, Reforma fiscal y Reforma penal.
En ese sentido, entre la prevención y la oportunidad, los gobernadores tampoco se cortan al momento de desplegar su lista de reclamos. Y así quedó en claro ya en las primeras reuniones, sobre todo con los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Córdoba, Martín Llaryora, y también con el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Manuel Orrego.
En lo inmediato, el ministro del Interior llevará a cabo una “gira federal”, para entrevistarse principalmente con gobernadores aliados. La primera escala se fijó para este miércoles en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio como anfitrión. Y así hasta completar al menos una decena de los veinte mandatarios que se reunieron con el Presidente después del 26 de octubre.
En el cronograma no figura todavía el propio Kicillof, a pesar de haber formulado pedidos de audiencia para tratar cuestiones de la provincia, en el marco del compromiso asumido de “trabajar con todos”. Lo que debería abarcar también a uno de los pocos excluídos de la convocatoria grupal inicial de la nueva etapa.
La agenda que llevan los mandatarios, en tanto, contiene un temario recurrente: una nueva distribución de los ATN y del impuesto a los combustible, avales para endeudamiento para obras públicas, y recursos para cubrir el déficit de las cajas previsionales. Lo que involucra, en este último punto, los diferendos que han llegado a la propia Corte Suprema de Justicia, con diferentes grados de avance.
En números
El Gobierno Nacional girará en el 2026 a las provincias 7,7 billones de pesos correspondientes al porcentaje que les corresponde por coparticipación federal y por programas acordados entre Nación y las respectivas jurisdicciones, pero los gobernadores piden mas recursos para aprobar el Presupuesto 2026.
De acuerdo al Presupuesto 2026 las provincias recibirán $73.914.241 millones (95,3%) corresponden a transferencias automáticas, es decir, a aquellas que se giran a las provincias y a la CABA de acuerdo con los índices de coparticipación federal de impuestos y sobre la base de la estimación de Recursos de Origen Nacional
En tanto que $3.627.442 millones (4,7%), son las transferencias no automáticas que se incluyen en el marco de diferentes programas y que son aprobadas por el Congreso de la Nación al momento de la sanción de la Ley, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Los incrementos representan un 31 % de aumento con respecto al 2025 pero los gobernadores, peronistas y aliados, reclaman mayores ingresos en concepto de ATN y del impuesto a los combustibles.
ATN
Una de las principales solicitudes de las provincias atañe a una nueva pauta de distribución de los ATN, que este año tendrá una partida 569.426 millones. Lo que representa de mas del 100% con respecto a este año, pero mantendrá la potestad del Ejecutivo para realizar su distribución, ya que sigue vigente el veto a la ley sancionada por el Congreso.
Esa ley impulsada por gobernadores fijaba se que iba a distribuir en forma automática y diaria de acuerdo a la ley de coparticipación. El Gobierno solo estaría dispuesto a conceder que cada año fiscal se pueda distribuir el remanente, según supo noticias argentinas.
Cajas previsionales
Otro punto de disputa con los mandatarios son los recursos que se destinarán para cubrir el déficit de las cajas previsionales, y en este punto el Gobierno estableció que se girarán 122.762.664.874) para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales.
Los mandatarios que manejan las cajas previsionales dicen que esa cifra es la mitad de lo que se establecía en el Presupuesto 2025 y que para cumplir la ley se requiere unos 900 mil millones de pesos.
En el artículo se fija que la transferencia solo procederá si la provincia presenta un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo , que “surja de un acuerdo suscripto con ANSES y que corresponda como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior”.
Combustibles y obras
Otro punto de discusión es la distribución del impuesto a los combustibles, que tendrá una recaudación de 7,6 billones de pesos, y que los gobernadores aspiraban a tener un 52% de esos recursos. Pero esa ley, que impulsaban los mandatarios, fue rechazada en la Cámara de Diputados.
En la actualidad, el 28,6 de ese impuesto se deriva a ANSES, un 10% a las provincias, el 24,29% al Tesoro y el resto a fideicomisos, pero al estar eliminados esos fondos los recursos quedan en manos del tesoro nacional.
Otro reclamo está vinculado con las obras públicas y cada mandatario tiene su pedido para que se incluya aquella vinculada a su provincia. Además algunos gobernadores quieren avales para tomar endeudamiento para realizar esa obras de infraestructura.
En algunos casos, como en el de Santa Fe, estos avales comenzaron a liberarse. Pero, por lo demás, la cuestión del abandono de la obra pública a cargo de la Nación fue uno de los temas más firmemente planteados por los mandatarios, incluso de manera conjunta. Un planteo suscripto también por los mandatarios que aún no fueron convocados y que ahora tendrá que adecuarse a la nueva instancia.
