El Gobierno nacional inició una ofensiva sobre los marcos regulatorios de sectores estratégicos de la economía. Tras la sanción y reglamentación de la reforma laboral, la Secretaría de Trabajo envió 800 notificaciones a empresas y sindicatos para forzar una revisión masiva de sus convenios colectivos en el corto plazo.
La clave de este avance oficial es la eliminación de la ultraactividad, el principio jurídico que prorrogaba de forma automática los contratos vencidos si no se firmaba un nuevo acuerdo. Aunque en el oficialismo evitan fijar plazos estrictos, la cartera liderada por Julio Cordero se mueve con celeridad para adecuar las relaciones laborales a la nueva legislación.
Los sectores bajo la lupa oficial
La primera tanda de revisiones apunta a los gremios con mayor peso político, económico y capacidad de movilización. La nómina abarca actividades críticas para el país:
- Servicios e industria de alto perfil: Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción (UOCRA), Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el sector Aeronáutico (pilotos y personal de tierra).
- Energía y logística: Petroleros, Estaciones de Servicio, Ferroviarios, Marítimos, Portuarios y la industria del Neumático.
- Producción y servicios generales: Industria lechera, Textiles, Químicos, Plásticos, Seguridad Privada, Entidades Deportivas, Futbolistas Agremiados, Trabajadores de Prensa y televisión (abierta y por cable).
Tensión en la CGT y la primera fractura sindical
En la cúpula de la CGT existe un diagnóstico unánime: la central obrera denuncia que esta renegociación forzada es una «pantalla» para imponer una flexibilización laboral de hecho. Advierten que el objetivo real es recortar conquistas históricas en áreas como la jornada de trabajo, el sistema de categorías y las condiciones operativas.
Sin embargo, el frente sindical ya muestra fisuras. El gremio de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), liderado por Carlos Acuña, anunció este martes que aceptará la convocatoria del Gobierno.
Acuña, mano derecha de Luis Barrionuevo (Gastronómicos), aclaró que irán al diálogo «con posición definida y agenda propia». El dirigente justificó la decisión al señalar que los empresarios venían frenando los cambios: «Hace mucho planteamos actualizar convenios y la respuesta empresarial fue sostener los vigentes. Ojalá podamos discutir cuestiones pendientes», afirmó.
Fuentes: Noticias Argentinas
