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Uber desembarca en Rafaela y San Francisco: expansión territorial y beneficios para nuevos conductores

La plataforma de movilidad Uber continúa profundizando su presencia en el interior del país con el inicio de sus operaciones en Rafaela (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba). Desde este 2 de febrero, la aplicación está disponible para usuarios y prestadores en ambas localidades, permitiendo la inscripción de conductores de autos particulares, taxis y motocicletas. Esta movida estratégica busca consolidar la red de transporte en puntos clave de la región centro, bajo el modelo de trabajo flexible que caracteriza a la compañía.

Para incentivar la adopción del servicio en estas nuevas plazas, la empresa lanzó un programa de beneficios económicos vigente hasta el 15 de marzo de 2026. Los primeros 100 socios conductores que logren completar 30 viajes en las zonas habilitadas podrán acceder a bonificaciones especiales, con montos que varían según el tipo de vehículo registrado. Con esta promoción, la firma busca garantizar una oferta sólida de vehículos desde las primeras semanas de funcionamiento en el oeste santafesino y el este cordobés. Sin embargo, este crecimiento se produce en un clima de tensión con el sector.

Recientemente, el ecosistema de aplicaciones de transporte en la provincia de Santa Fe se vio sacudido por un «apagón» de choferes en la capital provincial, quienes protestaron contra lo que consideran tarifas insuficientes y comisiones excesivas por parte de la plataforma. Este malestar pone de manifiesto la complejidad de la relación entre la empresa y sus colaboradores, quienes reclaman una rentabilidad más justa frente a los costos de mantenimiento de las unidades.

El desembarco en Rafaela también reaviva el debate sobre la regulación de las apps de transporte. Mientras la compañía expande su cobertura, los municipios enfrentan el desafío de legislar sobre una actividad que convive con el sistema tradicional de taxis y remises. Las discusiones sobre el encuadre legal y las condiciones laborales de los prestadores siguen siendo un tema pendiente en la agenda pública, marcando un contraste entre la celeridad de la expansión tecnológica y los tiempos de la normativa local.

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