En una sesión clave para el sector energético, la Cámara de Senadores aprobó por una amplia mayoría el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, una iniciativa que incrementa los cortes obligatorios del bioetanol del 12% al 15% y del biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarán a regir un año después de que la norma sea sancionada definitivamente. El proyecto, que cosechó 41 votos a favor y 25 en contra, fue girado de inmediato a la Cámara de Diputados para su correspondiente revisión.
El armado político que sustentó la aprobación reflejó una alianza transversal. La propuesta fue respaldada por las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la Unión Cívica Radical (UCR) y el exgobernador tucumano Juan Manzur. En la vereda opuesta, el rechazo cerrado provino del bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad. El debate en el recinto se destrabó recién tras un acuerdo entre los libertarios y sus aliados, quienes modificaron el esquema original para proteger a las pymes del sector, las cuales inicialmente enfrentaban una reducción progresiva de su participación hasta su desaparición en 2031. Con los cambios introducidos, las empresas no integradas tendrán asegurado un piso mínimo del 4% del mercado desde el 1° de enero de 2031 hasta 2036.
El debate en el recinto: visiones cruzadas sobre la producción y el federalismo
La apertura de las exposiciones estuvo a cargo de la presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, quien remarcó el carácter estratégico de la reforma al señalar que “este dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”. La funcionaria detalló además que la norma no se limita a elevar los porcentajes de mezcla en los surtidores, sino que regula el abastecimiento y la comercialización para garantizar una transición ordenada. Específicamente sobre el biodiésel, Royón defendió el esquema de apertura gradual hasta 2036 asegurando que “eso asegura que la apertura no va a ser abrupta; es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector”.
Los representantes de las provincias del norte argentino fundamentaron su voto positivo basados en el impacto social de la actividad azucarera. Desde el bloque Independencia, la tucumana Beatriz Ávila defendió el incremento de los cortes por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional, argumentando que “esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías; en el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia”. En sintonía, su coprovinciano Juan Manzur coincidió en que la reforma pone la mirada en el norte argentino, al que definió como una zona pobre y castigada, y remarcó que “va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán” beneficiando de forma directa a los pequeños productores. Asimismo, la titular de Convicción Federal, Carolina Moisés, se sumó al respaldo recordando sus raíces en San Pedro, una localidad jujeña rodeada de cañaverales, y enfatizó que votó la norma “pensando en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo”.
Por su parte, la región central del país también expuso sus credenciales productivas. La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, valoró el posicionamiento de su provincia manifestando que “Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles” y que esa es la Argentina que quieren, debido a que “hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol”.
Las objeciones de la oposición y el cierre oficialista
A pesar del holgado resultado, la oposición peronista plantó bandera con fuertes críticas a la redacción del articulado. El senador Fernando Salino expuso sus reparos advirtiendo que quedaban muchos puntos oscuros en el texto y criticó que “no podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían estar contenidas en la propia ley”. En el cierre de la discusión, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, fundamentó el voto negativo general de su bancada argumentando que “no podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar”.
Finalmente, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, clausuró el debate elevando la discusión por encima de los detalles técnicos al asegurar que “se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte; estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años”.
