La Cámara de Senadores de la provincia postergó el tratamiento del proyecto para prohibir de forma total la actividad de los cuidacoches. La iniciativa, que se aprestaba a convertirse en ley, debió frenarse por la falta de consenso dentro del bloque oficialista Unidos. El debate se reanudará de manera «prioritaria» una vez que finalice el receso invernal de la Legislatura.
La parálisis se produjo cuando el Senado planeaba rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados para insistir con la propuesta original del senador Ciro Seisas. Esto obligó a abrir una nueva negociación política entre el sector socialista de Unidos y el espacio del intendente de Rosario, Pablo Javkin, impulsor de la medida drástica.
El proyecto original plantea sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta el arresto por reincidencia, endureciendo las penas ante amenazas o si la actividad se ejerce de noche, en eventos masivos o zonas de estacionamiento medido. Sin embargo, Diputados modificó el texto tras reclamos de la Iglesia y organismos de derechos humanos, limitando los castigos solo a los lugares donde exista una prohibición local expresa y sumando restricciones de concurrencia de hasta 120 días.
A la discusión legislativa se sumó el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, quien criticó la idea de judicializar estos casos por el alto gasto económico que representa. El funcionario calificó a la actividad como un «factor de riesgo» social, pero pidió evitar procesos judiciales tradicionales con fiscales y defensores que saturen las comisarías de burocracia administrativa.
Como alternativa viable, el Ministerio de Seguridad propone dotar a la Policía de Santa Fe de un poder de policía directo para retirar inmediatamente a los cuidacoches no autorizados ante una denuncia. La estrategia busca implementar un decreto penal contravencional de prohibición de concurrencia que permita usar la fuerza pública para desalojar los espacios, priorizando una disuasión rápida sin abrir expedientes engorrosos.
