El Gobierno Nacional dio un paso decisivo para intentar clausurar definitivamente los litigios remanentes de la crisis de 2001. El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que busca habilitar el pago a los fondos Bainbridge y Attestor, acreedores que cuentan con sentencias firmes en tribunales internacionales tras más de dos décadas de disputa judicial.
La iniciativa oficial propone un esquema de pagos que contempla una quita superior al 30% sobre los montos reclamados. Mientras que Bainbridge exigía cerca de US$96 millones, el acuerdo estipula un pago de US$67 millones. En el caso del grupo liderado por Attestor, cuyo reclamo superaba los US$465 millones, la cifra acordada es de US$104 millones. Según fuentes oficiales, esta operación no solo reduce el costo total de la deuda, sino que evita que sigan corriendo intereses bajo legislación extranjera.
Uno de los puntos más críticos que busca resolver este proyecto es la protección de activos soberanos. En los últimos años, estos fondos habían avanzado en la identificación de bienes del Estado en el exterior para eventuales ejecuciones. Con la aprobación legislativa, se pondría fin a los intentos de embargo sobre participaciones en empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, además de frenar los procesos de «discovery» (pedido de información financiera de la Argentina) en tribunales externos.
La Casa Rosada impuso una cuota de urgencia al tratamiento parlamentario: los acuerdos tienen como fecha de vencimiento el 30 de abril de 2026. De no obtener el respaldo de las cámaras antes de ese plazo, los entendimientos podrían caerse, dejando al país en una situación judicial mucho más vulnerable.
Esta estrategia, coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, busca mostrar un frente sólido en el exterior: por un lado, defendiendo los juicios abiertos, como el reciente fallo favorable en la apelación por la expropiación de YPF y, por otro, desactivando mediante la vía política los conflictos que ya tienen sentencia firme. El oficialismo entiende que el aval del Congreso es fundamental para otorgar solidez política y jurídica a una negociación que cierra uno de los capítulos más largos y costosos de la historia financiera argentina.
