El antecedente del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabó las negociaciones del oficialismo en la Cámara de Diputados para avanzar con el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. La controversia surge porque Adorni y su esposa se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios públicos, justo antes de dejar su cargo y en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Pese a las fuertes resistencias de la oposición, La Libertad Avanza no cede y buscará firmar dictamen de mayoría este miércoles a las 11:00 en un plenario de comisiones.
Resistencias de la oposición y fechas clave para el recinto
La principal traba radica en que la letra de la ley no excluye a los funcionarios del beneficio. Desde la oposición llueven críticas argumentando que la norma funciona como un «blanqueo permanente» que fomenta la evasión impositiva. Si el oficialismo logra destrabar el dictamen, maneja dos fechas posibles para llevar el debate al recinto: el escenario más optimista apunta al 19 de agosto, aunque cobró más fuerza el 26 de agosto para tratar el proyecto junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La defensa técnica del Ministerio de Economía
Durante las reuniones informativas, altos funcionarios de la cartera económica defendieron la ampliación del universo de beneficiarios de este régimen simplificado, diseñado para incorporar ahorros informales al circuito económico formal.
- Claudia Balestrini (Ingresos Públicos): Rechazó que se trate de un blanqueo y aclaró que es una «declaración jurada simplificada». Aseguró que la norma «no renuncia a la fiscalización» ni anula las leyes antilavado, y recordó que los funcionarios seguirán obligados a declarar su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción.
- Juan José Imirizaldu (Director de Impuestos): Explicó que las sociedades quedan excluidas del beneficio y que el régimen aplica únicamente para personas humanas que sean residentes fiscales argentinos.
Un mercado de 170.000 millones de dólares «bajo el colchón»
El director del Banco Central, Martín Vauthier, justificó la necesidad de la ley aportando cifras sobre los ahorros fuera del sistema financiero. Según estimaciones oficiales, los argentinos tienen al menos 170.000 millones de dólares en billetes no declarados. Para dimensionar el problema, Vauthier detalló que ese stock equivale a entre cuatro y cinco veces el total de los depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema (los cuales rondan los 40.000 millones). El objetivo central de la normativa es permitir la formalización de estos fondos sin penalidades.
Fuente: Noticias Argentinas
