El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas de investigación. Mientras avanza con la estrategia judicial, el Ejecutivo definió que cumplirá la medida de manera gradual.
La decisión se da luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara la cautelar sobre la ley 27.795, sancionada tras la insistencia del Congreso en octubre de 2025. En respuesta, los equipos jurídicos de la Casa Rosada trabajan en un recurso extraordinario federal que presentarán ante la misma Cámara.
En el oficialismo anticipan que esa vía será rechazada y que, en ese caso, recurrirán en queja ante la Corte Suprema. En paralelo, el Gobierno aplicará la norma “por goteo”: prevé realizar transferencias mensuales para cumplir con la resolución judicial sin consolidar el costo total dentro del presupuesto anual.
La discusión técnica se centra en los artículos 5 y 6 de la ley, que obligan a actualizar los salarios universitarios según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma, además de recomponer becas estudiantiles por la variación del índice de precios. También contempla partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias.
En el Ejecutivo sostienen que la aplicación plena tiene un impacto fiscal que buscan administrar. Esa postura ya había quedado planteada con el decreto 759/2025, con el que intentaron frenar la implementación hasta definir las fuentes de financiamiento, esquema que fue objetado por la Justicia.
En el mediano plazo, el Gobierno buscará modificar la ley a través de un nuevo proyecto en el Congreso. La intención no es derogarla, sino reemplazar el mecanismo de actualización automática por otro esquema.
Como antecedente, en la Casa Rosada mencionan el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminó siendo reglamentada por decreto tras tensiones judiciales y administrativas. Bajo esa lógica, no descartan avanzar también con una reglamentación específica para el sistema universitario.
