La medida alcanza regulaciones vigentes desde hace casi dos décadas. Con esta decisión, ya fueron derogadas unas 240 normas en distintas áreas de la administración pública.
El Gobierno derogó 58 normas vinculadas al comercio y la industria que habían quedado sin efecto. Con esta medida, ya son 240 las regulaciones eliminadas.
La decisión abarca 17 resoluciones y más de 40 modificatorias, muchas vinculadas a programas desarticulados, entes disueltos y regulaciones que exigían información considerada innecesaria.
La medida fue oficializada a través de la resolución 12 y la disposición 534, publicadas este martes en el Boletín Oficial. El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías.
“Resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, justificó el Ejecutivo.
Hasta el momento, el Gobierno ya derogó 240 normas con el objetivo de “simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”.
Con la publicación de la resolución 12 de la Secretaría de Industria y Comercio, el Gobierno eliminó las siguientes normativas:
- La resolución 355/2022 de la exSecretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
- Las resoluciones 426/2022 y 296/202 relacionadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios del trigo.
- También derogó 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, una medida para financiar compras en cuotas fijas con tarjeta de crédito. Se trata de las resoluciones 753/2021; 56/2022; 57/2022; 282/2021 y la 142/2022 junto a sus modificatorias.
- El Gobierno eliminó la resolución 43/2022, una medida complementaria al programa Precios Cuidados.
- Derogó cuatro normas que obligaba a los colegios privados a pedir autorización estatal para modificar sus cuotas, según la resolución 368/2025.
Por último, a través de la disposición 534, el Ejecutivo dejó sin efecto una normativa que habilitaba a consumidores de 13 a 17 años a iniciar reclamos ante organismos de defensa del consumidor.
Según el Gobierno, la disposición 137/24 duplicaba los mecanismos de atención para ese grupo.
