Apunta a formalizar la economía, reactivar el crédito y el crecimiento.
El Gobierno estableció mediante el decreto 353 el plan integral para simplificar y desregular los trámites vinculados a la inversión y adquisición de bienes, en línea con compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
“Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina”, establece el artículo 1 del decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei.
Según el texto oficial, el sistema tributario argentino presenta una alta concentración, donde solo 10.000 grandes contribuyentes aportaron el 80% de la recaudación en 2024.
Esta situación, sumada a una elevada carga fiscal durante más de 40 años, fomentó la informalidad económica como mecanismo de subsistencia y generó inequidades que limitan el desarrollo nacional, consideró la administración de Javier Milei.
El decreto destaca que “la simplificación tributaria se presenta como una herramienta esencial para revertir esta dinámica, al reducir la presión fiscal formal, disminuir los costos administrativos y fomentar la regularización de las actividades económicas”.
En ese sentido, el Gobierno encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la implementación gradual de una modalidad simplificada y opcional para la declaración del Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas residentes, aplicable a partir del 1° de enero de 2025.
También, se crea el Sistema de Finanzas Abiertas, que permitirá a personas y empresas compartir información financiera con entidades del sistema financiero, con su consentimiento expreso, para facilitar el desarrollo del crédito, la competencia y la inclusión financiera.
El Banco Central (BCRA) será la autoridad de aplicación del sistema y definirá sus parámetros técnicos.
El decreto también establece la intervención de la Unidad de Información Financiera para verificar la adecuación de su normativa en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En cuanto a la carga fiscal y la desburocratización, el decreto puntualiza que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá simplificar sus regímenes de información y fiscalización, optimizando recursos hacia el control de contribuyentes con mayor capacidad contributiva.
Finalmente, se aclara que las disposiciones no eximen a los sujetos de cumplir con las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y que el manejo de la información protegida por secreto fiscal estará sujeto a las normas dictadas por el Banco Central y la Agencia de Recaudación.
El decreto entró en vigencia al momento de su publicación oficial y busca sentar las bases para una reforma tributaria más amplia, promoviendo un sistema más equitativo, transparente y eficiente.
