Tras un fin de semana de máxima tensión política, el oficialismo cerró filas en torno a la figura del presidente Javier Milei. Desde las altas esferas de la Casa Rosada descartaron de forma tajante que el mandatario asista al Congreso de la Nación para responder al llamado de la oposición, que busca explicaciones sobre las derivaciones de la denominada «Causa Libra».
La controversia escaló luego de que se filtrara un supuesto contrato millonario entre el líder libertario y el empresario estadounidense Hayden Davis, hallado en un dispositivo perteneciente al imputado Mauricio Novelli. Sin embargo, para el círculo íntimo del Presidente, estas nuevas pruebas carecen de validez legal. «Es todo sin fundamentos, está ultra viciado; no se protegió la cadena de custodia de la prueba, por lo tanto, es todo inválido», sentenció un importante funcionario en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
Una causa «mediática y política»
En los pasillos de Balcarce 50 sostienen que el expediente debería haber sido archivado hace tiempo por inexistencia de delito. Según la visión oficialista, la causa se mantiene activa únicamente por el «ruido mediático» y el interés de los sectores opositores en desgastar la imagen presidencial.
Bajo esta premisa, el Gobierno rechazó de plano la solicitud del diputado Maximiano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora en la Cámara Baja, quien reclama la presencia de Milei para rendir cuentas. La respuesta desde el «círculo rojo» libertario fue lapidaria: «No va a ir nadie. Que disfrute sus 15 minutos de fama».
El foco en las filtraciones y el peritaje técnico
El conflicto sumó un nuevo capítulo tras el peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal. El informe reveló supuestas conversaciones entre miembros del Gobierno y Novelli fechadas el 14 de febrero de 2025, justo cuando estalló la polémica por el desplome de la criptomoneda Libra.
Lejos de acusar el golpe, la mesa chica del Gobierno contraatacó apuntando a la Procuración General de la Nación. La preocupación oficial no radica en el contenido de los chats, sino en la vulnerabilidad de la investigación: «¿Cómo se le filtra algo que debe tener una cadena de custodia estricta? La verdadera investigación debería ser por qué y quién filtra esta información», cuestionan desde el entorno presidencial.
Con este escenario, el Ejecutivo apuesta a judicializar las filtraciones y mantener la distancia con el Poder Legislativo, en un clima de confrontación que promete agudizarse en las próximas semanas.
